Trabajadores de Obimace, respaldados por la organización sindical CGT, se han concentrado este martes en su lugar de trabajo, en el polígono del Tarajal, para pedir por segunda vez unos derechos básicos que acaben con la “situación miserable” que aseguran viven desde junio.
El secretario de organización de CGT ha acompañado a los empleados en la concentración programada a las 10:00 horas para mostrar su respaldo en esta petición de una mejora de condiciones que cubra los derechos básicos de los trabajadores.
Irónicamente, el secretario de organización de CGT, Miguel Montenegro, ha invitado a los presentes a comprobar “la sala de descanso” de la que disponen estos trabajadores, señalando un lugar sin cobijo donde solamente se podían observar maderas en el suelo.
“Ahí tienen sus taquillas, sus vestuarios y sus duchas, absolutamente nada. Es abominable que en pleno siglo XXI se siga manteniendo este tipo de actuaciones contra los trabajadores, contra los derechos básicos contra los derechos básicos en materia de prevención de riesgos laborales”, ha comunicado Montenegro.
En este caso, según el secretario de organización de CGT, se está cometiendo un incumplimiento del decreto 486/1997 que es el que regula las condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
“Los trabajadores no tienen ni para lavarse las manos, no tienen donde cambiarse. Están en la situación más mísera a la que se puede someter a un trabajador y parece que es una venganza porque la Inspección de Trabajo interviniese”, ha indicado.
A pesar de que la Inspección de Trabajo ya se hizo eco de la situación advirtiendo a la Cuidad y la empresa, han asegurado que la única medida que se tomó afectó negativamente a los trabajadores, “retirando la única caseta establecida en la nave”.
En estos momentos los trabajadores están a la espera de una nueva orden de la Inspección de Trabajo y la expectativa es que se paralice la actividad en esta nave del polígono.
Ni una sombra donde cobijarse ni un techo donde resguardarse de la lluvia, así está la situación. Los trabajadores han denunciado además de unas condiciones infrahumanas, acoso por parte de sus superiores.
“Veníamos trabajando normalmente, pero desde el 28 de junio, retiran la caseta, nos ponemos en contacto con el gerente y le decimos que esto no puede ser. Nos dicen que debido a la denuncia de la CGT la retiran porque no cumple las condiciones”, ha relatado Driss Mohamed, capataz de Obimace.
La retirada de esta caseta dejó a los trabajadores en una situación aún más deleznable si cabe, además, han asegurado que comenzaron a “recibir amenazas”.
“Mandé a un oficial de primera a coger el camión y le retiraron las llaves, empezaron a tomar represalias, fueron el encargado general y el coordinador técnico, nombrados no sé por quién para llevar al personal, que no es su cometido”, ha contado Mohamed.
El capataz y los once oficiales de primera que trabajan en esta nave piden que se tomen medidas drásticas, como la desvinculación del encargado general y el coordinador técnico de las naves del Tarajal que, según estos trabajadores, se dedican a obras.
Driss Mohamed ha pedido que el gerente reaccione y que cumpla las promesas hechas, asegurando que tomarán “medidas de derecho” a través de una manifestación frente a la Asamblea de Ceuta para reivindicar sus derechos.
“No vamos a tolerar de ninguna manera actitudes como la vivida por el oficial de primera al que envíe a por las llaves del camión y no quisieron dársela. Aquí también hay personas con enfermedades graves trabajando en condiciones míseras”, ha dicho con enfado el capataz.
Los trabajadores llevan más de un mes trabajando en precario y no están dispuestos a continuar soportando esta situación, intensificada además por un “acoso laboral”.
“Estamos en contacto con el presidente de la ciudad para solucionar el problema y si no se soluciona en quince días vamos a tomar medidas con derecho para ir a la puerta del ayuntamiento”, ha concluido Mohamed.
Ya solo queda esperar si la Inspección de Trabajo respalda a estos empleados de Obimace con voluntad de suspender la actividad si las condiciones laborales no mejoran o la Ciudad reacciona ante las peticiones de los trabajadores.
