Torres se reunirá con los delegados del Gobierno para el reparto de menores

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reunirá antes de las vacaciones estivales a los delegados del Gobierno para coordinar la derivación al territorio peninsular de menores extranjeros no acompañados llegados a Canarias, Ceuta y Melilla, dado el colapso de sus recursos de acogida y en aplicación de la nueva ley de extranjería.

Así lo ha anunciado este jueves el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, tras asistir a la firma de un protocolo de actuación ante incendios forestales que afecten a instalaciones de las Fuerzas Armadas por parte de los tres ejércitos y el Gobierno canario.

“El gran asunto que tenemos entre manos es la aplicación (del nuevo artículo 35 de la ley de extranjería). Todo el esfuerzo de los ministerios está centrado en ello”, ha referido.

“Hace mejor nuestro país”

Pestana ha defendido que la reforma legal que reparte la acogida de estos menores entre todas las comunidades autónomas “hace mejor nuestro país y articula un mecanismo automático en el sistema autonómico para que ningún territorio que sea frontera se quede solo ante el fenómeno migratorio”.

El delegado en Canarias ha recalcado que el Gobierno “aplicará la ley, que ha entrado en vigor para atender situaciones injustas”, como la que soportan en solitario comunidades como Canarias o las ciudades autónomas, que se ven obligadas a gestionar sin ayuda una emergencia humanitaria como la derivada de los flujos migratorios procedentes de África.

“Lo haremos cuanto antes, espero que este verano tengamos resuelto ese problema”, ha dicho.

Petición de asilo

Sobre los menores inmigrantes no acompañados que piden asilo, ha manifestado que el Ejecutivo “está dialogando con el Gobierno de Canarias, poniendo sobre la mesa soluciones que se tienen que ir implementando”, como la adaptación de las instalaciones a las que vayan a ir estos menores, que “tendrán que estar en las mejores condiciones posibles”.

Pestana ha avanzado que esto “llevará su tiempo” e implicará también “una labor de coordinación entre quien sigue manteniendo la tutela de esos menores, que es el Gobierno de Canarias, y el de España, que es el que sale en su ayuda”.