El Ayuntamiento de Ceuta ha sido condenado como responsable subsidiario por permitir que un policía local, que terminó asesinando a su mujer, portara su arma reglamentaria sin los controles adecuados. Y, sorprendentemente, se está planteando si recurrir la sentencia. ¿De verdad, después de lo ocurrido, quedan dudas?
La sentencia del tribunal no deja lugar a interpretaciones:
“La Administración incurrió en una omisión grave de sus deberes de control, al permitir que el agente continuase portando un arma oficial pese a evidencias de inestabilidad emocional y sin los informes psicológicos actualizados exigidos por ley”.
Más claro, imposible. El arma no debía estar en sus manos. Y si no lo hubiera estado, esa mujer no habría muerto de esa manera.
Pero el Ayuntamiento, en vez de asumir la responsabilidad que le corresponde y abrir un proceso real de reflexión y reparación, prefiere analizar si puede salir ileso del fallo judicial. Es indignante. ¿Es esta la imagen que quiere proyectar una institución que debería proteger a sus ciudadanos, especialmente a las víctimas de violencia de género?
La justicia ya ha hablado, y ha hablado con contundencia. ¿Qué más necesita el Ayuntamiento para entender que no es momento de recurrir sino de reparar? ¿No sería más digno destinar los recursos públicos a indemnizar a una familia rota por la negligencia institucional, que a seguir defendiendo lo indefendible en los tribunales?
Este no es solo un caso trágico, es una llamada de atención a todos los cuerpos de seguridad municipales: el arma no es solo una herramienta, es una responsabilidad enorme. Y quien permite su uso sin los controles debidos, también es responsable del daño que cause.
Es hora de actuar con valentía, no de esconderse tras recursos judiciales. Porque lo que ha pasado no es un fallo puntual. Es una cadena de omisiones que acabó con una tragedia.
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