La tesis de desechar las minas terrestres ha quedado revertida en el tiempo

No es una quimera, como tampoco un hecho aislado ni muchos menos infundado, que las imágenes vía satélite desenmascaren que la Federación de Rusia reúne cautelosamente fuerzas militares cerca de los países bálticos. Y es que este movimiento potencial podría entrañar una tentativa por hacerse con el control del corredor de Suwalki, una zona considerablemente sensible, cuya posesión definiría la seguridad de estos estados y allende, la estabilidad de la comunidad euroatlántica.

A criterio de no pocos analistas, la grieta o paso de Suwalki, denominado desde el enfoque militar el “talón de Aquiles de Europa” y para otros, la ‘piedra de toque’ del viejo continente, es estratégicamente imprescindible. E hipotéticamente, si éste fuese acometido por Moscú, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) únicamente podría abastecer a quien estimase por vía marítima.

Queda claro, que con esta disyuntiva Rusia se aseguraría un atajo enfilado al Mar Báltico a través de Bielorrusia y del enclave ruso de Kaliningrado. Luego, esta zona proporciona a Moscú una cotizada moneda de cambio y a su vez, es una aspiración estratégica de Rusia, porque conservar esta franja le presta un valioso comodín que puede esgrimir a pie enjuto, tanto económica como diplomáticamente. Además, la dominación del istmo le brinda retraer a los estados que colindan esta vertiente del resto de sus aliados de la OTAN, lo que problematizaría el suministro y su defensa. Un entorno que no es baladí, hasta el punto, de presionar a la Alianza Atlántica a negociar en términos convenientes para Moscú, robusteciendo su condición en la palestra internacional.

Y en réplica a la amenaza de Rusia, la alianza militar ha perfeccionado frisando otros métodos de defensa que proyectan disuadir y prevenir esta intimidación y los imprevistos venidos de organizaciones terroristas. De ahí, que haya desmenuzado su demarcación en tres sectores expresos. Esto son: ‘Atlántico Norte’, ‘Europa Central’ y ‘Europa Meridional’, abarcando esta última el Mar Mediterráneo y el Mar Negro.

En este telón de fondo, Letonia, Lituania y Estonia acompañaron el rastro de Polonia que hacen frontera con territorio ruso y formularon un comunicado conjunto (18/III/2025), en el que muestran y alegan su casual marcha del ‘Tratado de Ottawa’, o la ‘Convención sobre la prohibición de minas antipersonales’, formalmente denominada ‘Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción’, firmado el 3/XII/1997 por 156 países y en vigor desde el 1/III/1999.

Dice al pie de la letra la declaración emitida por los ministros de Defensa: “Con esta decisión enviamos un mensaje claro: nuestros países están preparados y pueden utilizar todas las medidas necesarias para defender nuestras necesidades de seguridad”. Subrayando que han resuelto “unánimemente” la resolución de encomendar la retirada, cuestionando que el contexto de seguridad en la zona “se ha deteriorado significativamente” desde la aprobación del Tratado.

No cabe duda, que la voluntad de blindar, sea como fuere, los límites fronterizos con este armamento (minas antipersonales), se origina en medio de la invasión a Ucrania de la que se han rebasado los tres años desde su inicio, lo que ha acalorado los recelos de mayores anhelos expansionistas por parte del Kremlin.

Con estas connotaciones preliminares, los estados bálticos no están dispuestos a dejar ni un ápice y menos aún, a merced de Donald Trump (1946-78 años), cercano al mandatario Vladímir Putin (1952-72 años), la seguridad en la línea demarcatoria que les desembaraza del vecino ruso y la República de Belarús.

Para hilar fino en la decisión tomada, hay que ordenar unos precedentes no demasiado lejanos en el tiempo, ya que en 1945, las tres Repúblicas Bálticas fueron anexionadas por Rusia, una ocupación o anexión soviética, valga la redundancia, en vigor hasta 1991, cuando finalmente recuperaron su independencia. Y no perdiendo de vista Polonia, Rusia la contuvo y reprimió durante los siglos XIX y XX, recayendo en la persona de Iósif Stalin (1878-1953), quien optó por plasmar un Estado polaco soviético aliado comunista, pero subordinado. O séase, la República Popular de Polonia, un dominio que se eclipsó en 1989 tras la caída del Gobierno comunista de este país.

“Veintiséis años más tarde, todavía no ha habido manera de poner fin a este flagelo, porque las conflagraciones siguen su espiral y los civiles son sus víctimas”

De manera, que es preciso sacar del baúl de los recuerdos este sumario escueto, para entender en su justa medida el rescoldo aún ardiente y la perplejidad de cara a lo que Rusia pudiese materializar, tanto en Polonia como en los países bálticos.

Entrando en materia, el primer lapso en el tiempo donde abren camino las minas antipersonales, en adelante, MAP, en guarismos desmedidos, fue durante la Segunda Guerra Mundial (1-IX-1939/2-IX-1945). Desde aquel intervalo funesto de la Historia, acabaría convirtiéndose en un recurso letal para los conflictos, involucrando la Guerra de Vietnam (1-XI-1955/30-IV-1975); la Guerra de Corea (25-VI-1950/27-VII-1953) y la Primera Guerra del Golfo (2-VIII-1990/28-II-1991), así como en conflictos internos y guerras civiles. Sobraría mencionar que la guerra que hoy se libra en Ucrania, no se encuentra exenta de los efectos demoledores de las MAP.

En principio las MAP se confeccionaron para proteger a las minas antitanque y atajar que los contendientes las inhabilitaran. Y algo más tarde, se emplearon para salvaguardar espacios estratégicos como márgenes limítrofes o puentes de calado, así como limitar el accionar de los ejércitos. Más adelante, se crearon las ‘minas inteligentes’ concebidas para auto destruirse o desactivarse tras el transcurso de un tiempo específico. Amén, que muchas de estas minas ni se destruyeron como tampoco se desactivaron, quedando perennemente solícitas a su suerte.

Posteriormente, el progreso tecnológico haría factible el avance de un sistema que dejaba precipitar las minas desde el espacio, lo que trababa supervisar su disposición. Y coligado a lo anterior, la hechura de mapas sobre la posición real de las minas no se continuó conformando, por lo que los sujetos militares, civiles y voluntarios allí concurrentes, les era prácticamente imposible estar al corriente si accedían a un campo minado. Por lo demás, los fenómenos meteorológicos que retocan los terrenos, más la carencia de planos de situación, hacen más dificultoso el saneamiento de las áreas minadas.

Con lo cual, el entresijo de las MAP es el producto de la magnitud de minas puestas durante períodos determinados de los años setenta, ochenta y principios de los noventa, en el que el modus operandi de colocación versus remoción son diferenciales. Conjuntamente, en los noventa, las MAP comenzaron a manejarse en conflictos internos con guarismos in crescendo y la amplia mayoría se diseminaron a la aventura, por momentos con la única finalidad de horrorizar a la población.

Es por lo que años después estas minas pueden hallarse sembradas en campos, zonas urbanas, pueblos, vías de transporte o próximas a ríos.

De modo sucinto hay que destacar tres aspectos generales de las MAP, que a lo largo de los cursos no discriminan, porque actúan de manera inhumana e implacable y entorpecen el normal desenvolvimiento de la superficie que corresponda.

Así, ilustrando algunas pinceladas, primero, las MAP no tienen la capacidad de caracterizar entre el pisotón de un soldado o niño, persistiendo inactivas hasta que cualquier individuo o animal provoque espontáneamente el dispositivo detonador. Es por lo que las minas antipersonales matan o mutilan gravemente a soldados, trabajadores o civiles, entre otros. Segundo, cuando la mina detona desata dolencias espantosas como la ceguera, múltiples quemaduras, daño de los miembros y heridas procedentes del estallido del artefacto. En muchas circunstancias y fruto de la onda expansiva emanada, las víctimas fallecen.

Quienes sobreviven y disponen de tratamiento médico, habitualmente requieren de dolorosas amputaciones, extensos ingresos en centros sanitarios y sesiones prolongadas de rehabilitación. Las lesiones no son fortuitas, porque las minas terrestres se maquinan para truncar la vida de una víctima al quedar incapacitada, más que para matar. Y tercero, una vez que con el esfuerzo se logra un acuerdo que pone fin a la violencia mediante el proceso de paz, las fuerzas intervinientes se retiran, pero no las minas allí alojadas, lo que obstruye la reparación de carreteras o caminos que habiliten el reparto de ayuda.

Transcurrido el tiempo en su naturaleza bélica y avanzado en los siglos, numerosos países han quedado con el lastre de perpetuarse en la afectación de algún u otro modo, por las MAP, o por la artillería que en su día no explotó. Entre ellos, cabría hacer mención, Sri Lanka, Afganistán, Irak, Burundi, Camboya, Colombia, Angola, Chechenia, Bosnia y Herzegovina, Nepal, etc.

Desgraciadamente, las MAP se siguen instalando con su proceso mortífero y los campos de tiempos remotos están al acecho de personas inocentes que incurran en su trampa mortal. De hecho, importantes existencias de minas se dilatan en depósitos y varias naciones todavía las elabora. Si bien, aunque algunos han renunciado a su fabricación y subsiguiente comercialización, otros prosiguen sin complejos produciéndolas como Estados Unidos, Rusia, China, India, Birmania/Myanmar, Cuba, Corea del Norte, Corea del Sur, Irán, Nepal, Vietnam, Pakistán o Singapur. Otro matiz de relevancia atañe que los grupos organizados no estatales, disponen de acceso definido a las MAP obtenidas industrialmente por la detención de su producción, pero países como la India, Filipinas o Colombia, confeccionan minas improvisadas.

Por otro lado, la amplia mayoría de quienes experimentan las MAP en sus carnes son el personal civil que reside en estados que estuvieron inmersos en guerras y que hoy se hallan en estado de paz. De éstos, suponen las tres cuartas partes de las víctimas, donde los niños entrañan, nada más y nada menos, que el 34%.

Además, a diferencia de las heridos militares que representan una menor proporción del total y poniendo como ejemplos los países de Yemen, Laos o Vietnam, los afectados por las MAP se producen principalmente en espacios rurales conforme la gente cumple con sus labores diarias, como el trabajo agrícola o la actividad ganadera.

Llegados a este punto y al objeto de aproximarme a la plasmación del Tratado de Ottawa, antes hay que incidir que el punto cardinal no es en sí el registro de minas esparcidas, sino la cantidad de individuos perjudicados en su relato cotidiano por la amenaza de las MAP, al constituir una barrera en el restablecimiento postconflicto y el desarrollo económico de las regiones presas de esta realidad.

Dicho esto, dos acontecimientos contrastan la instantánea directa del Tratado de Ottawa: primero, el cuerpo de actores gubernamentales y no gubernamentales que lo acomodan de manera coordinada, más la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un hecho insólito; y segundo, la entrada en escena galopante del Tratado, tras lograr en 1999 la rúbrica y aprobación de los primeros cuarenta Estados. Como es sabido, su designio surcaba por impedir su manejo, eliminarlas de los depósitos y armerías y ser un punto de inflexión para quienes determinaran valerse de ellas en cualquier coyuntura belicosa. Como ya he indicado, el automatismo de las MAP en etapas de guerra o paz demuestra a todas luces las severas derivaciones, porque se perfilan no para la muerte únicamente, sino para la mutilación y consternación indiscriminada de los seres humanos.

Para ello, es necesario rescatar algunos párrafos del Preámbulo del Tratado de Ottawa.

“Los Estados Parte: Decididos a poner fin al sufrimiento y las muertes causadas por las minas antipersonal, que matan o mutilan a cientos de personas cada semana, en su mayor parte civiles inocentes e indefensos, especialmente niños, obstruyen el desarrollo económico y la reconstrucción, inhiben la repatriación de refugiados y de personas desplazadas internamente, además de ocasionar otras severas consecuencias muchos años después de su emplazamiento […]”.

“Poniendo de relieve el papel que desempeña la conciencia pública en el fomento de los principios humanitarios, como se ha puesto de manifiesto en el llamado hecho para lograr una total prohibición de minas antipersonal, y reconociendo los esfuerzos que con ese fin han emprendido el Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas y otras numerosas organizaciones no gubernamentales de todo el mundo […]”.

“Basándonos en el principio del derecho internacional humanitario, según el cual el derecho de las partes en un conflicto armado a elegir los métodos o medios de combate no es ilimitado, en el principio que prohíbe el empleo, en los conflictos armados, de armas, proyectiles, materiales y métodos de combate de naturaleza tal que causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios, y en el principio de que se debe hacer una distinción entre civiles y combatientes […]”.

Asimismo, para no extralimitar la extensión de estas líneas, el Tratado de Ottawa asienta en sus veintidós artículos el compromiso de no utilizar en ningún tiempo minas antipersonal, como tampoco “desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir […]”; deshacer los stocks de las MAP en un plazo de cuatro años desde su entrada en vigencia; efectuar actividades de limpieza de minas en la zona pertinente en un período de diez años; en territorios afectados por minas, llevar a término programas de sensibilización sobre éstas y asegurar la atención, rehabilitación e integración de las víctimas de minas; proporcionar ayuda a otros Estados, tomando como ejemplo la protección a los supervivientes; acordar una reglamentación llamada a afianzar que las pormenorizaciones del Tratado sean observadas. En este panorama, una de las pesadillas a vencer son los países que llevan la contraria para su firma y ratificación dentro del multilateralismo, porque la ignorancia de las máximas de guerra -no causar sufrimiento innecesario al enemigo-, así como no encajar dentro del Derecho Internacional Humanitario, forjaron que la mayoría de las naciones acabasen admitiéndolo.

Hay que incidir que el Tratado de Ottawa posee un carácter vinculante internacional, dado su origen oficial, cuando prontamente se consiguió el fin primero para la puesta en acción de cuarenta países con firma y ratificación. Este encuadre comporta que según el Artículo 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (23/V/1969): “los Estados están obligados a abstenerse de actos que puedan frustrar el objeto y el fin del Tratado una vez […] lo hayan firmado”. Indiscutiblemente, dar marcha atrás empleando nuevamente las MAP, hace naufragar las premisas del Tratado.

Como se ha puesto de relieve en los párrafos anteriores, el germen inspirador del acuerdo prosperó gracias al impulso denodado de organizaciones no gubernamentales e individuos que sondearon con entusiasmo contar con una herramienta que proporcionara el carácter de los Estados en contra de la inercia imprimida por las MAP, así como de los mecanismos de apoyo a sus víctimas. Y sin este arrojo mayúsculo, un acuerdo de esta dimensión no se hubiera articulado en aquellos trechos.

La alineación común de las ONG, s y de diversas figuras, adquirió resonancia en la sociedad internacional. La integridad de aquella comunicación no dejó lugar para el margen de titubeos, porque cada año organismos y personas se engarzan para enarbolar una aldea global exenta de minas antipersonales. El acogimiento mundial de la Convención y el rehúso a este prototipo de armamento fuerza a las direcciones para que soslayen su aplicación, fabricación y comercialización.

Finalmente, en este repaso somero sobre el Tratado de Ottawa conexo con inquietud a la reciente renuncia de Polonia, Letonia, Lituania y Estonia de prescindir de la Convención sobre la prohibición de minas antipersonal para al menos, ver mejorada la seguridad en sus límites fronterizos y en el flanco Oriental de la Alianza Atlántica, cuestionando el menester imperante de estar presto ante factibles amenazas de Rusia, sin supeditarse al desenlace de la guerra en Ucrania, los elementos fundamentales del Tratado hilvanan taxativamente la transparencia y la cooperación para alcanzar el objetivo conjunto.

En consecuencia, la inconcebible agresión rusa a Ucrania ha reportado a algunos países a tantear la viabilidad de desechar un Tratado refrendado por ciento sesenta y cuatro naciones, como instrumento con la que se proveyó la Comunidad Internacional que excluía de un plumazo el uso, fabricación y tenencia de minas antipersona, que hasta entonces era un armamento desconocido e incontrolable que las partes de los conflictos empleaban masivamente a su libre albedrío.

Y como no podía ser de otra manera, su manejo incumplía el Derecho Internacional Humanitario (DIH), al no fijar la divisoria entre combatientes y civiles. Bastaba únicamente con pisar una de las decenas de miles de minas repartidas flagrantemente en los territorios en guerra, para perecer o en el mejor de las ocasiones, pagar un alto precio con la mutilación de brazos o piernas, o ambas inclusive.

Veintiséis años más tarde de su configuración, el único miembro de la OTAN que no concurrió, o digamos que no le interesó, recayó en los Estados Unidos de América.

Lo cierto es, que adentrados en el siglo XXI, todavía no ha habido manera de poner fin a este flagelo, porque las conflagraciones siguen su espiral y los civiles son sus víctimas. Y por si fuese poco, la evidencia más tangente delata que el 40% del suelo de Ucrania se encuentra contaminado por explosivos de todo tipo, y entre ellos, las MAP.

“Hoy por hoy, las minas antipersonales se siguen instalando con su proceso mortífero y los campos de tiempos remotos están al acecho de personas inocentes que incurran en su trampa mortal”

Ciñéndome a lo que difunde el periódico digital chino ‘The Paper’ publicado en Shanghái, “casi todos los países occidentales han destruido sus reservas y no han fabricado minas desde hace años”. No obstante, “comienzan a surgir grietas en el consenso internacional sobre el uso de estas armas en medio de afirmaciones de que las nuevas tecnologías puedan hacer que sean más fáciles de usar”. Y en base a lo anterior, Moscú no desiste ni un ápice en sus ambiciones imperialistas, mientras asegura que no devolverá a Ucrania los territorios conquistados. Ahora que controla en torno al 18% del suelo ucraniano, reclama a Kiev que distinga “la soberanía” rusa sobre comarcas ucranianas, como uno de los requisitos para “poner fin” a la guerra.

En tanto, Kiev ha solicitado señales de que el Kremlin no acometerá en un futuro una invasión, pero Washington, en este momento aliado de Rusia y en un enigmático vuelco bajo la Administración de Trump, ha sustentado las pretensiones de Putin. Tampoco hay que hacer un rastreo de alcance para considerar que Rusia invierte potentemente en la innovación y modernismo de sus Fuerzas Armadas.

Según referencias del ‘Instituto Internacional de Estudios Estratégicos’ (IISS) británico, el cómputo militar ruso en 2024, amoldado al poder adquisitivo, alcanzó los 462.000 millones de dólares.

Aunque los presupuestos militares integrados de los estados europeos son comparables, Rusia desangra poco más o menos, un tercio de su voracidad total en armamento. Con ello, el Kremlin preserva una superioridad representativa en la demarcación. Mientras los satélites corroboran que las fuerzas rusas están ensanchadas al Norte de los países bálticos. O lo que es igual: a unos 250 kilómetros al Este de Helsinki.

La anterior posición deja a Rusia como pez en el agua para deslizarse ágilmente y percutir con acciones enfocadas claramente al corredor de Suwalki. Una fachada de unos setenta kilómetros de longitud que engancha a Bielorrusia, el principal compinche de Moscú, con Kaliningrado, la antigua Königsberg prusiana, plantada en el enclave homónimo en la desembocadura del río Pregolia y que a su vez, confluye en la laguna del Vístula, en la actualidad ciudad portuaria rusa incrustada en Europa Oriental.

Por último, he de ceñirme explícitamente a la explicación palabra por palabra del Informe perteneciente al grupo de expertos en defensa y seguridad con sede en Londres, ‘Royal United Services Institute’, sugiriendo sin rodeos a los países miembros de la Alianza Atlántica: “deberían regenerar su capacidad de desplegar estas minas antitanque y antipersona, advirtiendo que a menos que los ejércitos europeos recuperen su capacidad de almacenar y desplegar minas en una futura guerra terrestre, corren el riesgo de carecer de la letalidad necesaria para luchar eficazmente”.

Es más, este reporte sigue detallando literalmente: “el uso extensivo de minas antipersona por parte del Kremlin ha sido un factor importante en el fracaso de la muy esperada contraofensiva de Kiev, para recuperar cantidades significativas de territorio”. Efectivamente, en los últimos suspiros del año 2024, el Gobierno del expresidente Joe Biden (1942-82 años), suscribió la remesa de un cargamento de minas terrestres no persistentes “para reforzar sus líneas defensivas”.

Por lo tanto, la argumentación de desmantelar las MAP ha quedado obsoleta, porque lo que hoy por hoy se vislumbra en el campo de batalla es la conjunción de artillería y minas terrestres, que a juicio de los especialistas, es indispensable para que una fuerza militar pueda contrapuntear. Y en este caso, según se tercia en los frentes abiertos de 2025, canta la liebre para que con su retroacción se sobrepase la capacidad rusa, como contrincante con hambre incesante de fracturar las defensas y hacerse con nuevos territorios.