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La declaración de los terrenos de caza en Ceuta se prorroga 6 años más

La Consejería de Medio Ambiente asegura la gestión sostenible de los terrenos cinegéticos de aprovechamiento común en Ceuta

La Ciudad de Ceuta asegura la continuidad de su política de conservación y aprovechamiento de la fauna al anunciar la prórroga del régimen de caza controlada por un periodo de seis años (hasta 2032).

Esta medida, impulsada por la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, afecta directamente a los terrenos cinegéticos de aprovechamiento común en la ciudad, buscando garantizar la protección, el fomento y el aprovechamiento ordenado de especies de caza menor.

La extensión entrará en vigor el próximo 15 de febrero de 2026, reafirmando el compromiso de la administración local con la gestión sostenible del patrimonio natural, tal como se detalla en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) viernes 19 de diciembre.

Un modelo de gestión consolidado

La historia de este régimen de caza controlada en Ceuta se remonta a 2008, cuando se declaró por primera vez. Desde entonces, ha sido prorrogado en dos ocasiones previas, la última en 2020, con validez hasta principios de 2026.

Esta última extensión, firmada por el consejero Alejandro Ramírez, busca mantener la estabilidad en la gestión de los recursos naturales durante los próximos seis años, manteniendo intactas todas las prescripciones jurídicas y técnicas anteriores.

¿Qué implica la caza controlada?

El concepto de régimen de caza controlada está definido legalmente. Se aplica exclusivamente sobre terrenos cinegéticos de aprovechamiento común.

Su propósito principal es que la protección, conservación, fomento y aprovechamiento de la riqueza cinegética se adapten rigurosamente a los planes aprobados por la autoridad competente. En términos sencillos, es un mecanismo para asegurar que la actividad de caza se realice de manera sostenible y planificada.

Las normativas que rigen esta actividad, como la Ley de Caza de 1970 y la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de 2007, buscan que el ejercicio de la caza quede garantizado de modo que se preserve la conservación y el fomento de las especies autorizadas.

La potestad autonómica y el consenso local

La competencia para gestionar el medio ambiente, incluyendo la administración, inspección y sanción en materia de conservación de la naturaleza, recae directamente en la Ciudad de Ceuta.

Esto se estableció mediante el Estatuto de Autonomía de 1995 y el Real Decreto de 1996 sobre traspaso de funciones.

La decisión de prorrogar el régimen no ha sido unilateral. El Consejo de Caza mostró su conformidad con la prórroga en su sesión celebrada el 3 de septiembre de 2025.

Además, los servicios técnicos de Obimasa emitieron un informe favorable el 2 de diciembre de 2025, estimando procedente la extensión por un mínimo de seis años.

El gestor: un socio vital

La gestión y el control de la caza en estos terrenos, que ahora corresponde a la Consejería de Medio Ambiente, se lleva a cabo habitualmente a través de un colaborador especializado.

Actualmente, esta labor recae en la Sociedad de Cazadores, Pescadores y Silvestristas de Ceuta, que mantiene un contrato de gestión del servicio público.

Dado que la prórroga del régimen es efectiva hasta el 15 de febrero de 2032, la resolución incluye una instrucción clara. Se ha dado traslado al Negociado de Contratación para que se proceda a la prórroga del contrato de gestión con esta sociedad.

Este contrato debe extenderse por el periodo máximo que permita el vínculo vigente, asegurando así la continuidad operativa del control y la regulación del disfrute de la actividad cinegética.

La resolución, que agota la vía administrativa, será comunicada a organismos clave como EPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza), la Patrulla Rural de la Comandancia de la Guardia Civil y la Policía Local.

Esto garantiza la correcta aplicación de las medidas de control y vigilancia en los terrenos bajo el régimen de caza controlada.

En definitiva, Ceuta opta por la estabilidad y la planificación a largo plazo en su política medioambiental. Al prorrogar este régimen hasta 2032, la Ciudad Autónoma asegura que la actividad cinegética siga siendo una herramienta compatible con la conservación de la biodiversidad local.

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