No cabe duda que las terrazas instaladas por restaurantes y cafeterías en la vía pública, contribuyen de forma definitiva al desarrollo turístico de la ciudad. Además, muchas personas se deciden a salir, sobre todo por la noche, al tener la seguridad que encontrarán un sitio fresco y agradable donde tomar un aperitivo o cenar. Otra ventaja que atrae público es encender un cigarrillo, ya que algunos se retraen en las salidas por la imposibilidad de hacerlo en locales cerrados. Así que bendiciones para los que deciden incrementar las posibilidades de negocio de su establecimiento y hacen la inversión correspondiente, creando puestos de trabajo adicionales
Pero la libertad de instalar esas agradables terrazas, termina donde comienza el derecho de los demás. Los mayores enemigos de los establecimientos con espacios legalizados al aire libre para sus clientes, son precisamente los que incumplen la normativa, la ignoran o atentan contra vecinos próximos u otros negocios colindantes.
En Ceuta concretamente, existe tal descontrol en esta importante actividad que las autoridades, por determinadas circunstancias, se han visto obligadas a regularla, comentarla, sacarla a información pública, matizarla e incluso hasta puede que retocarla, en virtud de sus devaneos con la oposición. Y el problema no es solo de normativa, sino de cumplirla. Mientras que un agente de la autoridad actúa directamente cuando un vehículo ocupa un trozo prohibido de acera, si el caso es de ocupación de esa misma acera por una terraza ilegal, debe hacer un expediente que se une a cientos de denuncias similares en la Consejería que corresponda. Y así, el transeúnte no puede circular y el comercio colindante ve tapado su escaparate, mientras el ruido o el humo llegan a los sufridos vecinos.
Había un gobierno del que se decía que acertaba al rectificar e igualmente puede predicarse lo contrario del que se equivoca al rectificar. Es necesario disponer de una normativa clara y definitiva, pero además hacerla cumplir para evitar daños a terceros que se traducen en pérdidas de empleos, perjuicios económicos, deterioro de imagen, malos olores, suciedad en algunos casos y molestias a algunos ciudadanos. Porque si los encargados de vigilar el cumplimiento de las ordenanzas no actúan de forma directa y sin papeleos, obligarán a las asociaciones o a los empresarios o ciudadanos perjudicados, a llevar el asunto a los tribunales de justicia, bien para resarcirse de los perjuicios causados, evaluar los daños morales o denunciar la inoperancia de la administración correspondiente.
Por tanto, el resumen debe ser un sí rotundo a la instalación de terrazas, pero igualmente un no, también rotundo, a las que incumplen la normativa o lo que dicta el sentido común. Y ello significa que no puede perjudicarse a otros con obstáculos como parasoles, toldos o extensiones hacia zonas no autorizadas, cumpliendo además la normativa sobre ruidos, limpieza y otros conceptos básicos. Porque una nueva intervención de los juzgados en este asunto no es deseable, pero si se actúa con indecisión, será imprescindible.