Un reciente informe de la institución europea Eurosec ha puesto en evidencia la magnitud del contrabando de teléfonos móviles inteligentes hacia el norte de África, y en particular hacia Marruecos, que figura entre los principales destinos de estos dispositivos introducidos fuera de los marcos aduaneros legales.
El documento señala que miles de teléfonos usados o reacondicionados salen cada año de puertos europeos rumbo a África sin cumplir los procedimientos oficiales. Una vez en territorio marroquí, estos aparatos se comercializan a precios reducidos, sin garantías de seguridad ni calidad, generando competencia desleal para los productos distribuidos legalmente.
Según el informe, la entrada masiva de dispositivos no regulados ha provocado un desequilibrio en el mercado local, afectando directamente a los importadores y distribuidores que operan dentro de la legalidad. Además, la falta de control sobre estos productos plantea riesgos de ciberseguridad, ya que muchos de ellos contienen software no actualizado o presentan vulnerabilidades que podrían ser explotadas por ciberdelincuentes.
A esto se suma el impacto ambiental derivado del aumento de los desechos electrónicos, ya que gran parte de los móviles introducidos ilegalmente son equipos obsoletos o en mal estado que terminan desechados tras un breve uso.
Eurosec estima que el número de teléfonos de contrabando que ingresan a Marruecos alcanza las 500.000 unidades anuales, lo que supone pérdidas fiscales cercanas a los dos mil millones de dírhams. Esta cifra evidencia los enormes desafíos que enfrentan las autoridades marroquíes para frenar las redes de contrabando que operan entre Europa y el norte de África.
A pesar de los esfuerzos de los servicios de aduanas y seguridad, el flujo de teléfonos continúa siendo elevado, impulsado por la creciente demanda de dispositivos inteligentes y por los vacíos en el control aduanero, especialmente sobre los productos usados y reacondicionados.
Los datos del informe revelan que cerca del 75 % de los teléfonos de contrabando que ingresan al país son dispositivos usados, mientras que alrededor del 20 % son inservibles y se destinan al despiece o reciclaje. El 5 % restante corresponde a aparatos reparados o reacondicionados que son posteriormente introducidos en el mercado local.
Este flujo constante de dispositivos de segunda mano no solo afecta a las empresas tecnológicas locales, sino que también distorsiona los precios y dificulta la recaudación fiscal, agravando la informalidad del sector.
Las estimaciones más recientes apuntan a que el número total de teléfonos introducidos ilegalmente podría alcanzar las 800.000 unidades al año, lo que representaría pérdidas fiscales adicionales de unos 300 millones de dírhams por falta de declaración aduanera.
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