La reunión de esta mañana entre la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, y los representantes de los polígonos del Tarajal solo ha servido para enrocar las posturas de las dos partes implicadas en el cobro de una tasa por los servicios extraordinarios que presta la Ciudad por culpa del porteo a pie y en coches-patera.
Al salir del encuentro, Bilal Dadi Mizziam, presidente de la Fase II, ha pedido en nombre de los empresarios que el presidente Juan Vivas acuda a Bruselas, la sede de las instituciones europeas, a plantear el cambio de las leyes de importación para acabar con el fraude que les afecta.
La propuesta consiste en contar con una lista internacional de precios de productos que permita a las autoridades comprobar que el valor de las importaciones a Ceuta es acorde a esos precios estipulados en la lista. A su juicio, esta medida contribuiría a acabar con el fraude del negocio del bulto, de modo que, como ejemplo, si un pantalón cuesta cinco euros, este producto no pueda importarse a la ciudad por 0,90 céntimos.
La normativa permite a los 'señores del bulto' traer mercancía a Ceuta (con destino Marruecos) "con tan solo una factura escrita a mano", siempre y cuando su importe sea inferior a 2.500 euros, según la denuncia del colectivo. Un fraude en la declaración del valor de los artículos que los empresarios consideran que se podría atajar con esta medida que han abordado con la Ciudad.
Por otra parte, Chandiramani ha expresado a los representantes de los polígonos su voluntad de "negociar" el 'tasazo', sin embargo, la oposición del colectivo es unánime. Hasta el punto de que los polígonos permanecerán cerrados hasta que este gravamen sea retirado y ya se barajan nuevas movilizaciones en contra de la medida de la Ciudad.
Los empresarios han exigido que la Consejería de Hacienda, Servicios Tributarios y Aduanas "colaboren y trabajen de manera conjunta" contra el fraude en la importación ya que, han lamentado, estas tres instancias "lo están permitiendo y, si llegan a haber trabajado en ese sentido, ya lo hubiesen cortado".
Desde los polígonos han reiterado que son ajenos y nada tienen que ver con el porteo o esa importación que tachan de fraudulenta. Por este motivo, se niegan a pagar la tasa porque esa limpieza o seguridad extraordinaria a la que aludía el Ejecutivo, aseguran, para nada beneficia a sus negocios. Los representantes de los almacenes legalmente establecidos han insistido en la urgencia de cerrar las consignas irregulares y poner fin a los bultos que eluden impuestos porque están defraudando y hundiendo sus negocios.