La Fase II del Tarajal explica que la empresa “no es pirata” a Marea Negra

• Esta asociación apoya a los empresarios en su propuesta de ahorro a la Ciudad en favor de "ayudas sociales"

José Antonio Carbonell, vicepresidente de Marea Negra, mantuvo ayer contacto con Bilal Dadi, presidente de la Fase II de los polígonos del Tarajal, a propósito de la seguridad privada en esta zona comercial y su hipotético abaratamiento. El comerciante trasladó al portavoz de la asociación en defensa de los derechos de los vigilantes que la empresa que contratará para el Plan de Seguridad trabaja “a nivel nacional, cumple con todos los requisitos, es solvente, está al día con los pago a Hacienda y con la Seguridad Social”, resumió Carbonell este punto de la conversación entre ambos.

Este representante del sector de la seguridad tenía sus dudas acerca de la “calidad” del servicio hasta que, “si es cómo él lo expone”, Dadi le negó que vaya a traer una “empresa pirata, sino que va a ser una que cumple con todas las garantías a los trabajadores”. Si ese es el caso, añadió Carbonell, “le doy la razón” al presidente de la Fase II. El empresario dijo a Marea Negra que se “cercioró” de que la mercantil respeta los derechos de los trabajadores y, por tanto, recibió todo su “apoyo” porque sus argumentos son “consistentes”. “Es su palabra, es de fiar y no creo que luego se vaya a retractar”, apostilló Carbonell.

El presidente de este polígono señala que el Plan de Seguridad tiene luz verde de Interior

En cuanto a la propuesta de la Fase II para que su empresa de seguridad se haga cargo del servicio del ‘Tarajal II’ y ahorrar así fondos al Gobierno, Marea Negra entendió el razonamiento de Dadi porque “busca el bien común”. “Nosotros ahora también desconocemos por qué la Ciudad Autónoma está pagando ese dinero en seguridad cuando podría ir a ayudas sociales que son muy necesarias”, expuso Carbonell. Servicios Tributarios adjudicó el contrato a Eulen por cerca de 200.000 euros.

Marea Negra se preguntó “qué hay detrás de todo esto” porque, a su juicio, resulta “incongruente” no aceptar la oferta de alguien que ofrece al Gobierno el mismo servicio “mucho más barato sin tener que tocar el tema técnico y saliendo correcto”. Esta asociación interpreta que la administración "no está haciendo las cosas bien" y por ello dio la “razón” a la Fase II en este asunto. Para el equipo de Carbonell es “de lógica” que ese “dinero público” serviría para “paliar problemas sociales” y por ello solicitó a la Ciudad que atienda la propuesta “coherente” y “viable” que abandera Dadi.

El presidente de la Fase II explicó también a Carbonell que su Plan de Seguridad está “aprobado por una Comisión del Ministerio del Interior”.