El Gobierno tiene decidido que no habrá más reconocimientos extrajudiciales de deuda con proveedores del Ayuntamiento. Así lo ha anunciado el presidente Vivas, argumentando que de esta manera se cumple también con las peticiones que se han realizado en varias ocasiones por parte de los partidos políticos de la Asamblea.
¿Cuándo se producen los reconocimientos extrajudiciales de deuda? Normalmente, cuando un contrato tiene una fecha de caducidad y el servicio es prestado por parte de una empresa, lo normal es que la adjudicación para el siguiente período esté terminado con anterioridad para que una haya una sucesión en la actividad.
Sin embargo, en muchas ocasiones aparecen problemas porque o bien por parte de la Ciudad Autónoma se inicia el procedimiento de licitación del nuevo contrato sin el tiempo suficiente o que, a lo largo, de la propia licitación sufren problemas que alargan el procedimiento y cuando llega el momento de la expiración del contrato aún no hay una nueva adjudicación.
La decisión que ha tomado el equipo de Gobierno consiste en que, a partir de ahora, cualquier expediente de reconocimiento de deuda se tramitará en los Juzgados.
Aunque, de todas maneras, el mismo presidente Vivas reconocía que por parte de los servicios de la Ciudad Autónoma se intentará, por todos los medios, que la adjudicación del nuevo contrato esté terminado con suficiente antelación, pero también advierte que en muchas ocasiones no es posible.
Entonces, expresó que una de las posibilidades que se barajan por parte de la Ciudad es que si se vuelven a suceder circunstancias que puedan provocar un reconocimiento extrajudicial de deuda, para que ello no ocurra, cuando un servicio esté a punto de expirar el contrato y no exista sustituto, se haga una encomienda de gestión a Tragsa para que sea la empresa pública la encargada de la actuación durante los meses que se necesiten para terminar el procedimiento de adjudicación.
Una situación que, desde luego, servirá para que por parte del Gobierno se intente que funcione todo el mecanismo sin necesidad de tomar decisiones al finalizar un contrato y no haber adjudicación con posterioridad.
Una de las polémicas que el Gobierno mantiene casi siempre con los partidos de la oposición es el gasto que existe con los procedimientos judiciales que la Ciudad decide llevar a los tribunales por no estar de acuerdo con la petición de un proveedor.
Sobre este particular, el mismo presidente Vivas reconoce que la situación siempre es difícil, porque si la decisión es recurrir porque no se está de acuerdo con las peticiones de un proveedor, entonces se está defendiendo los intereses generales, pero que la oposición acusa de judicializar los contratos administrativos. Pero si, en algún momento, no se acude a los tribunales, esos mismos partidos terminarán diciendo que el Gobierno se ha plegado a los intereses de una empresa privada. “De una manera o de otra siempre es difícil tomar una decisión”.
De todas maneras, vino a señalar que normalmente todas las administraciones tienen casos en los Juzgados y que no siempre se gana, por lo que la mejor solución es ponerse en manos de los servicios jurídicos de la Ciudad y que sean ellos quienes tienen la última palabra a la hora de decidir si acudir o no al Juzgado. Porque en palabras del propio presidente son los verdaderos expertos en la materia y si conviene o no ir ante la Justicia.
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