El Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Ceuta ha advertido de las graves consecuencias operativas que tendrá para la Policía Nacional la reciente sentencia del Tribunal Supremo que excluye la aplicación del rechazo en frontera a los inmigrantes interceptados en el mar.
La organización sindical alerta de que esta resolución incrementará de forma considerable la carga de trabajo de las Brigadas de Extranjería y Fronteras, agravando una situación que ya consideran crítica por la falta de efectivos y recursos.
Según denuncia el SUP, la obligación de tramitar un procedimiento ordinario de devolución en cada intervención supondrá un aumento de las diligencias policiales, la burocracia, los tiempos de custodia y las gestiones administrativas, lo que amenaza con desbordar unas unidades que ya soportan una elevada presión asistencial.
Ante este nuevo escenario, el sindicato reclama al Ministerio del Interior un plan de choque urgente que incluya el envío inmediato de más policías, la ampliación permanente de las plantillas en Ceuta y Melilla y la autorización de servicios extraordinarios remunerados, con el objetivo de evitar el colapso operativo de las unidades encargadas del control de la frontera.
Un cambio jurídico con importantes consecuencias operativas
El SUP ha mostrado su preocupación por las consecuencias directas que tendrá la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que establece que las personas inmigrantes interceptadas en el mar no podrán ser objeto del procedimiento de rechazo en frontera, debiendo tramitarse en todos los casos el procedimiento ordinario de devolución previsto en la legislación de extranjería.
Según explica el sindicato, esta resolución supone un cambio sustancial en la actuación policial, ya que elimina la posibilidad de aplicar mecanismos de respuesta inmediata y obliga a iniciar un procedimiento administrativo y policial completo en cada intervención.
Esto implica un incremento considerable del tiempo de gestión de cada expediente y una mayor dedicación de recursos humanos y materiales.
Cada interceptación requerirá la práctica de nuevas diligencias, la identificación individualizada de los inmigrantes, la coordinación con abogados e intérpretes, la comprobación de posibles solicitudes de protección internacional y el mantenimiento de las correspondientes medidas de custodia, además de toda la tramitación administrativa asociada.
Brigadas al límite de su capacidad
Desde el SUP denuncian que toda esta carga de trabajo recaerá sobre unas Brigadas de Extranjería y Fronteras que ya soportan una presión asistencial muy superior a sus posibilidades reales.
Recuerdan que las plantillas llevan años denunciando la falta de efectivos y el incremento constante de funciones sin que se haya producido un refuerzo proporcional de medios.
En este sentido, el sindicato considera que resulta inviable seguir aumentando las obligaciones legales y administrativas de los policías sin acompañarlas de una dotación suficiente de personal y recursos.
“No se puede exigir más carga administrativa, más garantías procedimentales y más responsabilidad a los policías sin proporcionar previamente los efectivos y los medios necesarios para desarrollar su trabajo con eficacia y seguridad”, sostienen.
El SUP advierte de que, si el Estado incrementa las exigencias jurídicas sin reforzar simultáneamente las capacidades operativas de la Policía Nacional, el resultado será una saturación total de los servicios de Extranjería, con consecuencias directas sobre el conjunto de la actividad policial.
A su juicio, esta situación podría acabar afectando también a otras funciones esenciales, como la seguridad ciudadana, al tener que desviar recursos hacia unas tareas administrativas cada vez más complejas.
Riesgo de fortalecimiento de las mafias
El sindicato considera igualmente necesario valorar el impacto que este nuevo escenario puede tener sobre las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.
Según recuerda, estas redes analizan de forma permanente los cambios legislativos y judiciales para adaptar sus rutas y estrategias en función de las mayores o menores dificultades que encuentren los procedimientos de devolución.
En opinión del SUP, la percepción de que las devoluciones serán ahora más lentas y complejas puede convertirse en un elemento de incentivo para las mafias, que podrían utilizar este argumento para fomentar nuevas salidas hacia las costas y fronteras españolas, incrementando la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla.
Por ello, el sindicato insiste en la necesidad de mantener una política migratoria coherente, acompañada de un refuerzo efectivo de la presencia policial y de los recursos disponibles, con el objetivo de evitar que las organizaciones criminales aprovechen cualquier debilidad del sistema para aumentar su actividad.
Las exigencias del SUP al Ministerio del Interior
Ante este escenario, el Sindicato Unificado de Policía exige al Ministerio del Interior la adopción inmediata de un plan de choque que permita afrontar las nuevas obligaciones derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo sin comprometer la operatividad policial.
Entre las medidas que reclama figura, en primer lugar, el envío urgente de más efectivos a las Brigadas de Extranjería y Fronteras de Ceuta y Melilla, acompañado de una mejora de los medios materiales, logísticos e informáticos necesarios para asumir el incremento de expedientes.
Asimismo, el SUP solicita una ampliación permanente del catálogo de puestos de trabajo en ambas ciudades autónomas, ajustando las plantillas a la carga de trabajo real que impone el nuevo escenario jurídico.
Igualmente, reclama la autorización y remuneración de servicios extraordinarios, de manera que los agentes que deban prolongar sus jornadas para atender el aumento de trámites administrativos vean compensado el esfuerzo adicional que asumirán.
“Una vez más, son los policías quienes tienen que gestionar sobre el terreno las consecuencias de decisiones que incrementan notablemente la carga de trabajo sin ir acompañadas de los recursos necesarios”, concluyen desde el SUP, instando al Ministerio del Interior a asumir su responsabilidad y actuar con rapidez para evitar el colapso operativo de la frontera sur de España.
