Dimisiones, una sociedad municipal en el punto de mira y ‘chanchullos’
Ni en la peor de las pesadillas el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, hubiera pensado que iba a afrontar una legislatura tan convulsa. Y convulsa lo está siendo no por los roces políticos a los que está más que acostumbrada la clase política, sino por la aparición en medio de esa rutina cogida entre alfileres de un sumario que ha terminado por poner todo ‘patas arriba’.
Las dimisiones de Susana Román, Rabea Mohamed, Jesús González Barceló... la sociedad Emvicesa en la que ya nadie se fía del otro... La crisis abierta por los “chanchullos” en la política de vivienda ha dejado unas secuelas que han pasado una importante factura a las instituciones, quienes arrastran una pérdida incalculable de credibilidad. Tan incalculable como el tiempo en el que, concluye la UDYCO, se estuvieron percibiendo desembolsos ilegales a cambio de promesas de adjudicaciones de viviendas de promoción pública. En los informes evacuados a la magistrada Raquel Lucini, la Policía concluye algo de por sí grave: el verse incapaz de saber durante cuánto tiempo se pudo estar incurriendo en estas prácticas, en las de ofrecer casas a cambio de dinero.
Las promociones de Loma Colmenar han dejado ya de ser las únicas, ya que el resto de promociones está en el disparadero y parece que la intención del juzgado es seguir tirando del hilo hasta dar con ese inicio de los tejemanejes que todavía no ha conseguido hallar la UDYCO. “Antonio era el chico listo del Ayuntamiento de pueblo”, apunta a este medio una fuente judicial. “El chico listo que solucionaba los problemas en uno de los asuntos más sensibles para todo ayuntamiento, el de la vivienda. Los problemas nunca llegaban a la Presidencia porque allí estaba Antonio, para gestionar todas las promociones. La vivienda funcionaba bien...”, matiza. Y así fue hasta que el run-rún de la venta de casas se hizo demasiado evidente o, como declaró el recién cesado asesor de Vivas, Jesús González Barceló, se le trasladó al presidente las informaciones que apuntaban al cobro de ese dinero.
López dejó de ser el chico listo que quitaba los problemas al Ayuntamiento para pasar a ser apartado del poder. Todo ello en medio de la adjudicación de las 317 VPO, aparcada por las elecciones y el temor a que su proceso mermara votos. De ahí pasó al escenario ya por todos conocido: la filtración de la lista, la denuncia del Gobierno, los cruces de acusaciones entre todos los protagonistas... y el secreto de sumario. Los movimientos del equipo dirigido por la magistrada Lucini comenzaron a ser preocupantes con la detención de López en Marbella, y la generación en cascada de los demás arrestos. Empleados, políticos, ‘clientes’, intermediarios... Dicen que el arresto del exgerente se precipitó debido al contenido de las escuchas telefónicas y al modo en que se estaba reclamando a López la devolución del dinero por las casas. Escuchas en las que se daba a entender que su integridad física podía correr peligro debido a la reclamación de los cobros que supuestamente había recibido por comprometerse a incluir a esos pagadores en la lista de adjudicatarios.
Durante meses hubo seguimiento telefónico y control, además se fiscalizaron las cuentas y el patrimonio del considerado cabecilla de la trama. Pero también esos seguimientos se extrapolaron a los que, dice la Policía, trabajaban para López en la recogida y entrega del dinero, o a los que hacían de captadores, de especie de agentes comerciales para detectar a todas esas personas susceptibles de reunir ese montante para hacerse con una vivienda.
Las conversaciones han dejado en evidencia no solo el intento de compra y venta de todo ‘lo vendible’: desde casas a puestos de trabajo y ‘enchufes’ en el Plan de Empleo, sino también las guerras cruzadas en el PP, la existencia de un grupo mucho más radical que formaría parte de lo que el localista Juan Luis Aróstegui siempre llamó ‘extrema derecha’, o las enemistades por la designación de puestos, además de los comentarios de escándalos que ni siquiera han salido a la luz pública y que estarían detrás de algunos de los ceses conocidos.
La instrucción del ‘caso Emvicesa’ sigue su curso pero deja herida grave a una práctica política que no ha sabido reaccionar ni ha adoptado los medios de control necesarios para evitar los escándalos del chico listo del Ayuntamiento, al que algunos siguen considerando una mera cabeza de turco. Con mucho patrimonio, pero una ficha más.
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