En el particular partido de la inmigración que se juega a diario en Ceuta se dictan resoluciones, se adoptan medidas que se consideran políticamente correctas y se llevan a cabo actuaciones. La administración se la juega a diario intentando hacer valer las directrices de un Gobierno que no siempre se adecua a la realidad. Y así es lo que está sucediendo de un tiempo a esta parte. Las reclamaciones de los subsaharianos pidiendo que se hicieran valer sus derechos al ser portadores de la tarjeta amarilla, chocaron con el temor a un efecto llamada que hizo que la Policía tuviera que actuar tapando la metedura de pata de un gobierno que ideó una ley de asilo sin prever sus consecuencias. Así decenas de inmigrantes que querían pasar a la península veían vetado el embarque. Ahora el TSJA ha dado la razón al primer inmigrante cuyo recurso ha llegado a la sala de lo Contencioso, dejando en muy mal lugar a una Delegación del Gobierno de la que, se dice, no se ha ajustado a derecho. Es la cuarta sentencia que, en materia migratoria, quita la razón a la administración central y admite las tesis de los inmigrantes.
No olvidemos que la situación de enfrentamiento generada por los cameruneses ha tenido su origen precisamente en esta historia. Con la sentencia en firme que hoy publicamos se esperan cambios, ya que se prevé que esta será la tónica seguida en otros recursos que se han presentado ante la instancia superior. El Gobierno está entregando tarjetas rojas, que son específicas para Ceuta y Melilla, y que se presentan como un absurdo, un atentado en toda regla a los derechos de los inmigrantes. No se puede seguir rodeando la ley, buscando recovecos o ideando especificidades para no cumplirla. Sobre todo porque luego obtenemos varapalos judiciales como este.
