La Ciudad Autónoma ha decidido acelerar para intentar pasar página definitivamente de la crisis migratoria de mayo del año pasado en lo que a las infraestructuras de acogida de emergencia se refiere. Al cierre progresivo del campamento de Piniers, ya iniciado, se quiere sumar más pronto que tarde el de las naves acondicionadas de urgencia en el Tarajal para dar cabida a los adultos foráneos y las unidades familiares que permanecen en la ciudad sin un techo en el que cobijarse.
Ceuta nunca se ha puesto de manera decidida a la tarea de contar con una infraestructura para atender de manera solvente a esas personas. La construcción, con fondos del Estado en la etapa de Zapatero en La Moncloa, del edificio de Hadu que terminó siendo reutilizado como Centro de Menores ante las prisas por cerrar el de San Antonio resultó una iniciativa frustrada.
La administración local ha venido dando soluciones parciales en forma de alojamiento en pensiones o ayudas para sufragar los costes del alquiler de viviendas y ahora debe gestionar con el mayor acierto posible la reubicación de personas (en su mayoría españolas, pues los ciudadanos marroquíes se supone que podrán partir como solicitantes de asilo o ser albergados en el CETI) que han encontrado en las naves de los polígonos un verdadero “hogar” por precarias que sean sus condiciones.
El Estado se ha comprometido con el Gobierno de Juan Vivas a financiar con fondos europeos tanto la construcción de un Centro de Menores como la de, por fin, un albergue para personas sin hogar con 30 habitaciones (la mitad individuales y el resto dobles) y un comedor social con capacidad para un centenar, así como espacios compartidos para ocio y estudio. Pero más allá de ladrillos, es necesario ofrecer también políticas sociales que profundicen en las razones por las que han acabado en su situación y encuentren caminos para facilitar su reinserción.
