La Audiencia acogía ayer la celebración de una vista oral que tenía como acusado a Jacob Hachuel, el que fuera consejero de Gobernación. Se la acusaba de prevaricación administrativa. El tribunal resolverá si lo encuentra inocente o culpable. Un tribunal profesional y no los chismes de barra de bar trasladados a las redes sociales -el gran escaparate de aburridos y opinadores sin conocimiento- determinará una resolución con sus oportunos fundamentos. Los jueces están para dictar sentencias basadas en hechos objetivos. El resto estamos para valorar esos escenarios en los que se desarrollan vistas como la de ayer, en la que no olvidemos que se juzgó a una persona por una acción que tomó mientras era consejero de un Gobierno, después de haber sido elegido por ese mismo Gobierno para incluirlo en las listas y llevarlo a ser responsable de áreas de peso así como desempeñar el papel de portavoz -poner la cara para lo bueno y para lo malo-. Pero Jacob ayer estaba solo. Sea cual sea la sentencia (ya ha sufrido la pena de banquillo) ni tan siquiera se vio rodeado por sus excompañeros, por los más cercanos en aquellos momentos de acción política. Las vistas son públicas, hubo tiempo más que suficiente para un acto de presencia, una mano en la espalda, un saludo por muy superficial que sea. Pero no, no hubo ni lo uno ni lo otro.
Pasó con Jacob lo mismo que en su día con Torrado, a quien se le llegó a calificar de centro de poder y solo contó con la presencia de su familia más cercana en el juicio al que se le sometió en la Audiencia. Punto y final. La condición humana es así, buscar explicación a unos desplantes de esta índole carece de sentido. Si Jacob mira hacia atrás y rememora fotográficamente los momentos de su paso por la política, a buen seguro que echará de menos a los auténticos compañeros de travesía. Los echará porque no los tuvo, al menos con la entidad suficiente como para acudir de público a una vista oral en torno a un asunto que siempre fue una patata caliente para esta clase política; no me refiero por los hechos en sí, sino por la condición de los profesionales afectados por una inhabilitación.
