La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) sigue viendo “discriminatoria” y “jurídicamente insostenibles” las restricciones para un posterior traslado a la Península que impone la Administración a las personas migrantes que piden asilo en la ciudad autónoma. “De nuevo se sobrepasó la capacidad de los CETI, continuaron las llamadas ‘devoluciones en caliente’; a pesar de la jurisprudencia de los últimos años, persistió la prohibición de que las personas solicitantes de protección internacional pudieran trasladarse a la Península tras la admisión a trámite de su solicitud y la impunidad sigue planeando, cuatro años después, sobre la tragedia del Tarajal”, enumeró CEAR su diagnóstico sobre la situación en Ceuta y Melilla en la presentación, ayer en Madrid, de su ‘Informe 2018’.
El año pasado 313 residentes en el CETI (más del 95% hombres) pidieron protección internacional en Ceuta (220 en 2016). Alrededor del 87% de las personas peticionarias fueron de origen argelino y el 11%, de marroquíes. En el transcurso del año tan solo hubo dos solicitantes de asilo de origen subsahariano, uno de los cuales la retiró para poder trasladarse con mayor celeridad al otro lado del Estrecho.
La Comisión lleva tiempo defendiendo “la supresión de las restricciones a la libertad de circulación de las personas solicitantes de protección internacional en Ceuta y Melilla y de los criterios discrecionales y discriminatorios para los traslados a la Península”, una práctica que desde hace años “logra disuadir a numerosas personas de solicitar protección internacional o incluso, después de haber formalizado la solicitud, las motiva a renunciar a continuar el procedimiento”.
Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno a CEAR, a lo largo del año pasado ingresó en el CETI de la ciudad autónoma un total de 2.252 personas de las que 1.613 eran de origen subsahariano, 513 argelinas y 126 de otras nacionalidades.
Hasta noviembre, y “en contra de la jurisprudencia en la materia”, solo se trasladaba a la Península a personas de origen subsahariano y que no fueran solicitantes de protección internacional. Después de la protesta del colectivo asiático, comenzaron a ser trasladados en grupos de tres a cinco personas.
En cuanto a los peticionarios de protección internacional, solo se autorizó el traslado de algunas personas argelinas por motivo de extrema vulnerabilidad. La imposibilidad de desplazarse a territorio peninsular de las personas solicitantes de protección internacional en Ceuta y Melilla fue, un año más, “el motivo principal por el que el Servicio Jurídico de CEAR inició procedimientos contencioso-administrativos y tramitó quejas ante el Defensor del Pueblo”.
En concreto interpuso quince recursos de alzada en vía administrativa contra la inscripción ‘Válido solo en Ceuta’ que se adjunta al documento de solicitante; inició un procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ganó; emprendió siete procedimientos de protección de derechos fundamentales ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo locales; y presentó cinco quejas ante el Defensor del Pueblo.
Preocupan la tragedia del Tarajal y la oficina de asilo sin visitantes
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) advierte en su ‘Informe 2018’ que tras la apertura de oficinas para atender a solicitantes de asilo en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla hace tres años “la situación no es tan positiva como la describe la Comisión Europea, que apunta a un aumento del número de solicitantes de protección internacional y la diversificación de sus países de origen”.
La del Tarajal sigue, de hecho, sin registrar una sola solicitud de protección internacional y en la de Beni Enzar (Melilla) el 90% procede de personas sirias. CEAR ha pedido a la Comisión Europea que siga investigando el cumplimiento por parte de las autoridades españolas de la normativa comunitaria sobre protección internacional, retorno y derechos humanos en las ciudades autónomas “con especial atención a la situación de las personas de origen subsahariano”.
La Comisión recurrió en vía de apelación ante la Audiencia Provincial en febrero del año pasado el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 que volvió a cerrar la investigación sobre la causa de la tragedia del 6 de febrero de 2014 y todavía espera respuesta. Entre sus reparos está que “solo se procedió a la declaración de un testigo presencial, se descartó escuchar a otros dos porque se hallaban en situación irregular en Alemania y rehusó que prestaran declaración por videoconferencia”. Además, “no se volvió a insistir tampoco en la comisión rogatoria solicitada a Marruecos para conocer las autopsias de los diez cuerpos recuperados en su territorio por considerarse que no iba a ser cumplimentada "nunca".
