Solicitantes de protección internacional de origen latinoamericano están desbordando la capacidad de atención de la
Oficina que la
Policía Nacional tiene en la
frontera del Tarajal reservada para recibir en Ceuta ese tipo de peticiones con
cerca de una decena de funcionarios asignados. La dotación parecía más que adecuada para la ciudad autónoma, pero ha terminado por colapsar al recoger una “avalancha” de reclamaciones de citas que se desplazan “desde toda España” para pedir asilo en Ceuta.
Durante los siete primeros meses de este año en todo el país
se han registrado 66.703 solicitudes de protección internacional, la mayoría de venezolanos (26.533), colombianos (18.939), peruanos (4.934), marroquíes (2.182) y hondureños (1.739).
Los ciudadanos del Reino alauita son los únicos que se cuelan entre los cinco países de origen con mayor número de nacionales interesados en ser beneficiarios de asilo en España a pesar de que también copan el volumen más alto de propuestas de resolución negativa.
Las favorables, ya sea con Estatuto de Refugiado o con Protección Subsidiaria, se otorgan sobre todo a personas de Mali, Ucrania, Afganistán, Siria y Sudán, aunque más de 9.000 venezolanos accedieron entre enero y agosto a protección por razones humanitarias.
Muy por detrás aparecen colombianos (154), panameños (17), chilenos (14) y argentinos (11).
El
Gobierno de España dispone de una web a través de la que ahora es obligatorio solicitar cita previa para trámites como el de solicitar asilo, pero actualmente advierte que no hay ninguna disponible ni anuncia en qué momento volverán a ofrecerse.
Fuentes policiales han indicado a este periódico y a abogados de oficio que se han interesado por la situación que están agotadas al menos para “todo el mes de septiembre” y que se desconoce cuándo volverán a ofrecerse ni para qué fechas.
“Han llegado a venir personas hasta desde Barcelona solamente para realizar la entrevista y regresar en viajes relámpago porque aquí hasta ahora era mucho más fácil y rápido conseguir cita”, han indicado desde el Cuerpo Nacional.
Hasta ahora. el colapso del servicio mantiene excluidas de la opción de solicitar protección internacional y que, por tanto, empiece la tramitación del expediente y a correr sus plazos, a personas con perfiles potencialmente vulnerables como menores expulsados en agosto del año pasado que ya han cumplido los 18 años y que cuentan con familiares directos residentes en España como demandantes de asilo por malos tratos en el ámbito familiar.
Todo ello a pesar de que la normativa dice que la comparecencia debe realizarse en un mes desde la entrada en territorio nacional.