Una cosa es la voluntad y otra el actuar de una manera rápida para evitar males mayores. El Gobierno ha dejado claro que en materia de obras ilegales tiene mucha voluntad y mucha promesa. Nos dicen que en cuanto detecten una obra ilegal actuarán para que dicha obra no se convierta en un cortijo de la noche a la mañana contra el que ya sea complicado actuar a no ser que quieras a media barriada apedreando a la Policía a la que le ha tocado ejecutar el desalojo. De lo que se dice a la realidad hay un camino y hacer que ese camino cada vez sea más corto es responsabilidad de la administración. No será la primera vez que la Policía Local se queja -siempre en petit comité porque si no luego llega la caza de brujas que también se estila en el Cuerpo del accidental Sorroche- de que sus actuaciones se quedan en papel mojado, ya que luego el trámite es tan lento que para cuando llega la ejecución judicial -si es que llega- resulta inviable actuar contra lo que empezó siendo cuatro paredes y ahora es una mansión. Ejemplos tenemos un montón: barriadas enteras que se han levantado mientras la administración no tenía ojos para frenar esa ilegalidad, incluso templos religiosos que han ido creciendo mientras el gobierno se dormía en una indecente doble moral o qué me dicen de esos puntos en donde se ha comido terreno público o militar sin que se haya querido meter mano para ejercer un control.
Así que ahora al Gobierno le queda el complejo papel de, primero, creerse lo que promete para, después, actuar con una celeridad superior a la de aquellos que consideran que vivir al margen de las normas y las leyes es lo común y corriente mientras el resto de la ciudadanía se ve sometido al orden. 250 expedientes abiertos ya por disciplina urbanística y una maquinaria demasiado lenta que no cuadra con una realidad: la de la conciencia ciudadana de que una obra ilegal es lo más normal del mundo... y que a nadie se le ocurra tocarla.
