Tras cuatro horas de reunión con la Consejería de Gobernación desmenuzando todos los puntos del ‘Protocolo de Actuación de la Policía Portuaria y la Policía Local en la zona de servicio del Puerto de Ceuta’, los sindicatos con representación en la administración autonómica anunciaron ayer que emprenderán medidas con las que anular este acuerdo que Ciudad Autónoma y Autoridad Portuaria quieren firmar. La razón que esgrimen es que los informes precedentes evidencian la falta de competencias de la Policía Local con condenas judiciales que avalan esta denuncia pública.
Por su parte, Hachuel reconoció que fue a la reunión con ánimo de escuchar y convencido de que, en caso de que alguno de los puntos del protocolo le suscitase dudas, lo paralizaría. Sin embargo, el consejero puntualizó que ninguno de los sindicatos le planteó ninguna cuestión que le hiciese corregir nada del contenido que tiene por escrito. De hecho, resaltó, todas las preguntas sindicales obtuvieron su refutación. Un argumento que enlaza con su exposición tras el último Consejo de Gobierno, en la que aclaró que el protocolo Ciudad-Puerto no contempla actuaciones que no esté desarrollando ya la Policía Local. Por tanto, Hachuel adelantó que, si todo sigue así, firmará el protocolo con el Puerto próximamente.
La Sección Sindical de la Ciudad Autónoma de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Ceuta solicitó ayer “dejar sin efecto en los términos descritos el protocolo, donde se disfraza y desfigura el principio” de cooperación entre ambos cuerpos “y donde supondrá la presencia de la Policía Local de forma eventual y/o permanente en zona de Puertos del Estado” pese a que “carece de rigor jurídico” y ante el “déficit de personal” en la Policía Local. Ante lo cual, este sindicato se reservó el “derecho de tomar las oportunas medidas legales en la forma en la que se establezca el servicio en el lugar de referencia” además de “señalar a aquellos que obliguen al expreso cumplimiento del mismo, Consejería de Gobernación y Jefatura de Policía Local”.
CCOO dejó claro que, como parte de la ciudadanía, pretende que se conviva en una ciudad “tranquila y segura” pero no por ello, matizó, va a permitir que muchas de las actuaciones que se puedan llevar a cabo allí por la Policía Local “adolezcan de seguridad jurídica, donde ya se ha visto que ha recaído en graves consecuencias personales y familiares”. Aquí puedes leer el comunicado completo de CCOO.
Por otro lado, la Sección Local de CSI.F, con el ánimo de proteger a los agentes de la Policía Local para que no vean “peligrar la integridad jurídica y patrimonial de los mismos”, anunció que hará todo lo que esté en su mano para conseguir que el Gobierno “no apruebe un documento que entendemos es contrario a la normativa poniendo en peligro, de nuevo, a los futuros agentes que desarrollen allí sus funciones”.
En cuanto al traslado de los partes de intervenciones policiales a las dependencias de la Autoridad Portuaria, CSI.F entiende que los datos que contiene son de “carácter especial de protección de datos según la Ley 15/1999 de Protección de Datos y, por tanto, contrario a la normativa”. Aquí puedes leer el comunicado completo de CSI.F.
En cuanto al Sindicato de Policía Local FeSP-UGT, también reiteró su rechazo frontal al “supuesto acuerdo o protocolo de actuación”. La “gran preocupación” del presidente Juan Vivas por el asunto del mantenimiento de los MENA (competencia de la Ciudad) llama la atención a los ugetista porque, aunque comparte su inquietud respecto a la “insuficiente financiación”, luego pretende “regalarle a la Autoridad Portuaria servicios de vigilancia de sus instalaciones, control de tráfico, etcétera, a costa en exclusiva del bolsillo de los ciudadanos de Ceuta, cuando tienen su propia Policía Portuaria y los temas de seguridad ciudadana son competencia de Policía Nacional y Guardia Civil”.
Estos servicios en la zona portuaria, sostiene UGT, irían en “detrimento no solo del bolsillo de los ceutíes, sino de los servicios que se prestan en barriadas, y, en general, en todo el casco urbano”, por lo que desde la central destacan que se van a “oponer frontalmente a este disparate, que supone una invasión injustificada de competencias, una dilapidación de fondos públicos de la Ciudad en servicios que no les corresponden y una inseguridad jurídica totalmente inasumible para los agentes de la Policía Local”.
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