UGT, Comisiones Obreras y CSIF han denunciado este miércoles públicamente que la consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha dictado por decreto que se revise el resultado resuelto por el tribunal de unas
oposiciones de promoción interna de
Servicios Tributarios. Indican que esta actuación no tiene precedentes en la Ciudad y que “ataca a la independencia y a la capacidad de los
tribunales de oposición para tomar decisiones”. “Como sabéis está habiendo, por suerte, muchos procedimientos y la oferta de empleo publico se está haciendo de forma correcta, siguiendo su cauce pero, en esta ocasión, lamentablemente, en el Organismo Autónomo de Servicios Tributarios que como todo el mundo sabe forma parte de la Administración Pública, se ha realizado una promoción interna y, una vez que el tribunal ha elevado su resolución definitiva con las puntuaciones de los opositores que han superado el ejercicio, por parte de la consejera de Economía se ha llevado a cabo una resolución por un decreto en el que se le dice al tribunal que tiene que modificar esas puntuaciones”, ha explicado Ricardo Martínez, de CSIF.
“Nosotros como representantes de la junta de personal creemos que los funcionarios públicos cuentan con suficiente independencia para tomar sus propias decisiones dentro de los tribunales, y consideramos que es completamente irregular que un político realice una injerencia de estas características, diciendo cómo tiene que puntuarse o en base a qué”, apunta Martínez quien asegura que llevarán a cabo cuantas acciones judiciales puedan contra este tipo de resolución porque “consideramos que el tribunal es soberano para tomar sus decisiones y para resolver cualquier tipo de reclamación como así ha hecho y no tiene ningún político que venir a decirles lo que tiene que hacer”, añade. En cuanto al motivo de esta actuación, aseguran que no saben a qué responde, pero que les choca bastante. Explican que existe un informe, que realizó un trabajador, y que con esto se hace el decreto en el que se dice al tribunal qué preguntas son las válidas y qué tipo de puntuación tiene que llevar a cabo, permitiéndose el lujo de hablar de retrotraer el proceso del tribunal a un punto concreto para que vuelvan a valorar”, indica Martínez en una rueda de prensa ofrecida este miércoles.
Atención a una reclamación que llevó a otra lista
Argumentan que “el tribunal hizo una segunda resolución con una nueva lista una vez resuelta una de las reclamaciones que se habían llevado a cabo y que la consejera lo que pretende es que ahora el tribunal acate su decreto sobre qué preguntas valen, y que eso puede dar lugar a que el listado definitivo quede modificado, algo que los sindicatos no vamos a permitir de ninguna manera”. Un caso que aclaran que ha ocurrido en una promoción interna de seis plazas de administrativo de Servicios Tributarios que se convocó hace un año y que se está alargando en el tiempo por este tipo de cosas. Subrayan que, hasta ahora, no hay una resolución definitiva por parte de la consejera, “porque lo que ha hecho ha sido pedir que el tribunal se vuelva a reunir y que retrotraiga sus actuaciones y revalore y repuntúe en base a lo que ella considera.
Crítica de los sindicatos de forma unánime: irán al juzgado
Según explica José Antonio López, de Comisiones Obreras, se hizo una primera alegación y el tribunal la aceptó. Luego se realizó una segunda alegación, que ya no tuvo en cuenta el tribunal, pero si el organismo autónomo, a través de un técnico que se ha metido a fondo en las preguntas y él da como posibles respuestas otras distintas a las calificadas… y aquí esta el asunto, porque creemos que esta segunda alegación debería ir vía judicial y no vía recurso de alzada”. “Son cinco preguntas modificadas y sobre las que informa, ya habiendo un cambio anterior. Solo se resuelve sobre esas cinco preguntas y no sobre el resto del examen lo que daría lugar a una indefensión absoluta por parte del resto de opositores que no han tenido capacidad de revisar el resto del examen”, añade. Desde CSIF puntualizan que el tribunal de oposiciones se reunió para ver si aplicaba la resolución de la consejera y que decidieron que no pero que, a pesar de ello, se ha reconvocado al tribunal para volver a tratar lo mismo el 1 de febrero. “Nos han comunicado que si mantienen su criterio y no aceptan el decreto, aún así éste se va a llevar a cabo y que será desde el propio servicio desde donde se modificará el listado de acuerdo a lo indicado por la consejera por lo que el caso, seguramente, acabará en el Juzgado”, concluye.