Las acusaciones son un habitual entre los partidos políticos durante la celebración de los plenos, sin embargo, muchas veces éstas no se miden y pueden rozar los límites legales de lo que se puede decir y no decir y de lo que se puede denunciar y lo que no.
Un ejemplo de ello fue la discusión presenciada ayer en la Asamblea entre Manuel Hernández y Jacob Hachuel, en la que el portavoz socialista llegó a espetarle al Consejero de Gobernación que la tardanza en la baremación de la bolsa de trabajo de Amgevicesa podría deberse a un “enriquecimiento ilícito”, acusaciones muy graves que se escucharon durante el debate.
Si la sesión plenaria anterior destacó por los insultos y las descalificaciones entre los diputados, en esta ocasión se puede observar como entre estos se acusan de delitos graves sin aportar más pruebas que las suposiciones y todo ello ante los ojos de la ciudadanía, que de nuevo tiene que presenciar las diputas entre sus representantes en la Asamblea.
Y es que con esta acusación que emprendió el socialista, se acusa a la Ciudad de ocupar dinero público para otros fines, un delito graves que Hernández no le tembló la voz en señalar y que derivó en la advertencia por parte del portavoz del Gobierno sobre lo grave de su acusación.
El Pleno es para debatir el devenir de la ciudad y los juzgado el lugar para denunciar los delitos de los que se tengan las pruebas.
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