Sin residencia no hay permiso y viceversa

Al Ámbar calcula que 120 niños en el Príncipe son víctimas de una Ley de Extranjería que “quita y da” a sus madres derechos “sin sentido” Son más de un centenar los niños que, tan solo en la barriada de Príncipe Alfonso, se ven afectados por una ley, la de Extranjería, que desde la Asociación Al Ámbar han querido calificar como incompetente “porque no resuelve los problemas que existen más que en un determinado espacio de tiempo y luego todo vuelve a ser lo que era”. La presidenta de la entidad, Habiba Abdelkader, ha criticado varias veces la situación que viven numerosas madres que por una u otra razón se han separado de sus maridos, están solas y con la reforma en la nueva Ley de Extranjería se les concedió la residencia por tener hijos españoles. De aquello va a hacer ya un año. Ahora se cumple el plazo y para esas mujeres regresa “la pesadilla”. Al Ámbar explica que “esas madres con hijos españoles van al Ayuntamiento que les dice que necesitan la residencia para conseguir el empadronamiento y en Extranjería explican que necesitan el empadronamiento para poder otorgarles la residencia y en medio de toda esa tramitación se ven atadas de pies y manos sin ninguna esperanza y nosotros no podemos hacer nada porque eso son trámites que no entendemos por qué conllevan tantas trabas”.
La entidad explica que ahora necesitan un contrato de trabajo para salir de ese bucle y “siendo sinceros, tal y como está la situación ¿cómo van a conseguir un contrato? Es algo muy complicado, muchas trabajan en lo que pueden, limpiando por horas pero sin contrato”. El problema llega cuando al no tener la documentación, tampoco tienen derecho a poder trabajar, a pedir ayudas en Asuntos Sociales, a los puntos para las becas de los estudios de sus hijos “y nos encontramos con madres que a no ser por la solidaridad de la gente u otras entidades, ni siquiera tienen comida para alimentar a sus hijos”.
Habiba dice que el drama está ahí pero que las leyes no se ajustan a la verdadera realidad que se está viviendo. “Incluso al quitarlas del padrón, pues sus hijos se quedan solos empadronados en las casas y eso no puede ser... Además que desde Asuntos Sociales nos han explicado que los hijos deben tener un mínimo de 18 años para poder percibir alguna ayuda y muchos, la gran mayoría, son niños, los verdaderos perjudicados por todo este asunto”.

Peor que hace un año
Al Ámbar asegura que “la situación es incluso peor que la de hace un año cuando entró en vigor la nueva Ley de Extranjería. Los requisitos para atenerse a esa normativa eran que el progenitor se encontrara conviviendo en España con el menor español y el certificado  literal de nacimiento del menor. Eso sí, el progenitor solicitante debía tener a cargo al menor y convivir con éste o estar al corriente de las obligaciones paternofiliales respecto al mismo. Ya entonces desde Al Ámbar pedían, antes de que entrara en vigor, que la ley fuera realista y que diera soluciones al problema porque “al fin y al cabo de nada vale una ley que otorga residencia pero no da derecho a trabajar para dejar de depender de ayudas que les siguen condenando a malvivir. Quieren que sean computables y punto, pero ser dependientes no soluciona el problema”. ¿Pero qué lo soluciona? Abogaban por unas tarjetas de residencia que den derecho a poder trabajar para que se desarrollen esas unidades familiares y hacer realidad la “discriminación positiva, basada siempre en la formación y en la educación de todas esas personas para que su integración sea real en la sociedad ceutí. Eso sería realmente, mediante cupos en planes, por ejemplo, terminar con estos problemas de raíz y enfrentarse a la precariedad por la que pasan y a la invisibilidad a la que se les obliga a permanecer”.
Y mientras apremiaban al Estado a que pusiera en marcha aquella Ley, repetían lo mismo que repiten ahora: “Lo que es realmente ilegal es permitir que se mueran de hambre personas a nuestro lado por culpa de la tramitación”.
Habiba Abdelkader reconoce que “estas mujeres están incluso peor de lo que estaban hace un año y nosotros sentimos mucha impotencia por no poder ayudarlas, porque no hay nada en nuestras manos que podamos hacer nada más que denunciar la situación y que entre las Administraciones se tiren la pelota y no se resuelva el problema”.
Por eso, piden “simplemente que se cumpla con la ley y que a las madres de niños españoles, que calculamos sean unos 120 en Príncipe Alfonso y ya la cifra se dispararía si contamos al resto de las que pueden verse afectadas en la Ciudad, puedan regularizar la situación”.