Hay que ir ya estableciendo las diferencias antes que los sindicatos vayan a poner el grito en el cielo, que lo pondrán en cuanto por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma se den a conocer los datos de la reforma del sector público empresarial de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
A los políticos, lo primero que hay que exigirles es que tomen decisiones, aunque las mismas sean impopulares, porque para éso cuentan con el respaldo de los ciudadanos. El sector público empresarial de la Ciudad Autónoma está sobredimensionado, pero no es una rémora exclusiva de nuestra ciudad. No nos equivoquemos. Aquí durante una época todas las administraciones: la estatal, la autonómica y la municipal creyeron que las creaciones de sociedades y de organismos autónomos era una mejor fórmula a la hora de la gestión de la actividad pública, de manera principal, porque existía una mayor rapidez a la hora de la toma de decisiones, sin todas las trabas administrativas que normalmente existen en la legislación.
Por lanzarse al desenfreno en la creación de empresas públicas hoy en día nos encontramos en nuestro país con varios miles de ellas y creadas por todas las formaciones políticas: derecha, izquierda, centro y nacionalistas. Pero el camino que los expertos señalan para el futuro es la vuelta a los controles administrativos. Las circunstancias varían y por ello como muy bien decía el mismo presidente Vivas en sus declaraciones a este medio de comunicación, no solamente es una necesidad la reestructuración del sector público empresarial, sino también una oportunidad.
La reestructuración del sector público empresarial de Ceuta tiene una diferencia con la del resto de nuestro país. Y es una diferencia importante. En muchas autonomías, en el momento que se ha tomado la decisión de suprimir una empresa pública, el único camino diseñado para sus trabajadores es engrosar las listas del antiguo Instituto Nacional de Empleo. En Ceuta, ya existe el compromiso y se realizará, caiga lo que caiga, sin perderse un solo puesto. En ninguna de las sociedades, en ninguna de las empresas, en ninguno de los organismos autónomos y en ninguno de los patronatos.
Ninguno de los empleados que conforman ese sector público empresarial, ese sector que está fuera de la propia Administración autonómica debe temer por su puesto de trabajo. Con la que está cayendo en España en estos momento, es una diferencia esencial. Y, a buen seguro, que se ha podido llegar a dar esa seguridad en el mantenimiento de los puestos de trabajo, porque determinadas acciones que se han debido tomar a lo largo de los últimos años se han tomado. Haya costado lo que haya costado. El presidente Vivas se pudo comprometer hace un par de meses en que se reformaría el sector público empresarial sin pérdida de empleos, porque las medidas abordadas en los últimos años han permitido que los empleados públicos cobren todos los meses, que se hayan atendido las cuotas de la Seguridad Social y los abonos a Hacienda, que no haya retrasos en el pago de las deudas bancarias que existen y que los proveedores más o menos hayan ido cobrando, no dentro de los plazos legales, pero tirando.
Y en esa reestructuración del sector público empresarial estamos obligados a detenernos antes en un primer capítulo: el Gobierno a lo largo del presente mes pondrá encima de la mesa a los sindicatos su propuesta de RPT, la gran asignatura pendiente, y de ahí se derivará un base salarial para los empleados afectados por esa Relación de Puestos de Trabajo.
El mismo presidente Vivas reconoce que de ahí partirán las comparativas para que se realice el proceso de homegeneización de los sueldos de los empleados del sector público empresarial. Ya se ha advertido claramente que por propia justicia no quedará más remedio que atemperar determinados salarios. Pero tampoco lancemos las campañas al vuelo. De las más de dieciseis empresas municipales que tiene la Ciudad, nada más que en dos se cobra por encima de la media que tienen los funcionarios y empleados laborales de la Administración autonómica. Por tanto, cuando se tome esa decisión, puede afectar como mucho al diez o al quince por ciento del personal que está en lo que también se ha denominado administración periférica.
Hay que pedir cordura y desde luego tranquilidad a la hora de aceptar los planteamientos.
Las propuestas deben estar para finales de este mes de enero
El compromiso que existía por parte del equipo de gobierno en relación con el sector público empresarial se mencionó alrededor de comienzos de diciembre cuando el presidente Vivas anunció la creación de un grupo de trabajo que estaría presidido por el consejero de Hacienda y Recursos Humanos, Francisco Márquez, que antes del treinta y uno de diciembre tendría ya una propuesta definitiva sobre las medidas que han de tomarse sobre el sector público empresarial.
No hay que olvidarse que hace un año y medio se recibió un informe de una consultoría externa que avanzaba ya cuales debían ser las líneas por la que deberían trabajar para la mencionada reforma del sector público.
Una reunión de todas las autonomías
Es muy probable que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, convoque una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para analizar la situación del sector público empresarial de nuestro país, exigiendo a las autonomías que pongan en marcha un acuerdo al que se comprometieron con el anterior ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.
