Las inspecciones en las promociones de Emvicesa, para verificar que las viviendas de promoción pública estén efectivamente ocupadas por sus titulares, están dando, al menos de momento, mejores resultados de los esperados. Esto es al menos lo que ha explicado a su paso por los micrófonos de COPE Ceuta la subdirectora general de Fomento, Carolina Pérez.
Hasta la fecha ya han sido revisadas las promociones de Serrano Orive, con 45 viviendas alquiladas a jóvenes, y también las 193 viviendas en Patio Páramo. “Ha sido una grata sorpresa, porque lo cierto es que pensábamos que íbamos a encontrar una gran bolsa de fraude y no ha sido así, solo algunas situaciones excepcionales y en algunas circunstancias suficientemente justificadas por sus beneficiarios”, admite Pérez, quien lamenta que se dejaran llevar “por la rumorología y lo que se dice en la calle”, aunque y finalmente “se ha demostrado que la infinidad de casos fraudulentos de los que todo el mundo hablaba no existen”. Estas inspecciones comenzaron a principios de año tras la creación de un servicio de inspección en esta empresa municipal con el objetivo de llevar a cabo un control exhaustivo sobre los pisos de protección oficial. Además, el Pleno de la Asamblea también acordó que se verificara que no se produjeran situaciones de fraude con inquilinos realquilados. La Ciudad Autónoma tiene por objetivo frenar el presunto fraude en la gestión de las viviendas protegidas y con el que sus propietarios pretenden lucrarse, como ya informó este periódico.
La cesión de la titularidad de las viviendas protegidas, durante la tramitación del expediente de protección, sin el cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, como dedicar las viviendas protegidas a usos no autorizados, pueden conllevar sanciones de entre 1.501 y 6.000 euros. “Cuando hemos detectado algunas irregularidades hemos dado un ultimátum al adjudicatario. En algunos casos se ha tratado de jóvenes que aún estaban amueblando la casa y que no vivían aún en ella y en otros porque el adjudicatario se ha ausentado de la ciudad”.
“Ha habido pocos casos y puntuales en el caso de la promoción de Serrano Orive, donde por ejemplo sus adjudicatarios demostraron que no las ocupaban porque se encontraban estudiando fuera de la ciudad, es decir, no se ha dado esa picaresca de realquilarlas”. Las inspecciones continuarán con el resto de promociones de edificios de Emvicesa y de las transferidas por la Administración del Estado, en total, unas cinco mil viviendas. El Plan de revisión aprobado por la Asamblea con el beneplácito de los tres grupos parlamentarios en el pleno de enero aborda todos los aspectos imaginables: si se han acometido obras ilegales en el inmueble, si sus ocupantes son los adjudicatarios del piso y, de no ser así, si ha habido una venta entre particulares, una subrogación o un subarrendo, todo ello contrario a la ley.
La inspección comienza con una visita a todos los pisos; la entrega de los formularios que tienen que cumplimentar los inquilinos; la solicitud del consumo de agua para comprobar qué domicilios están ocupados y cuales no; y se ha procedido a cruzar los datos tanto con el Registro como con otras administraciones para detectar la existencia de algún tipo de fraude.
