El Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió frenar este lunes el proceso de privatización de la gestión de seis hospitales públicos. Una decisión adoptada después de que Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) mantuviese la suspensión cautelar del proceso. El Gobierno de Madrid aprobó la externalización de los servicios sanitarios, ahora paralizada, de seis hospitales en los cuales los servicios están ya en manos de empresas privadas, menos la asistencia médica. De haber prosperado la externalización, la gestión sanitaria también sería privada aunque la titularidad del hospital continuaría siendo pública.
Una experiencia piloto que, de haberse consolidado en la capital, se podría haber extendido a otras comunidades autónomas como es el caso Ceuta, según temían los miembros de la Cumbre Social en defensa de los público que se movilizó al sospechar que el Ingesa pretendía establecer el mismo modelo de administración a través de las denominadas unidades de gestión clínica –sistema de descentralización cuya finalidad es lograr una mayor implicación del profesional en la toma de decisiones y mejorar la calidad de la asistencia–. Extremo desmentido hasta la saciedad por Ingesa en Ceuta y Madrid; el diputado en el Congreso o la Ciudad Autónoma.
A juicio de Elisabeth Muñoz, presidenta de la Junta de Personal sanitaria, esta interrupción en Madrid “no significa que la ciudadanía deba confiarse ya que pueden volver a retomar este modelo como ya ocurrió en etapas anteriores y en otras autonomías como en Alzira, en la Comunidad Valenciana”.
Desde 1999, los sindicatos sanitarios mostraron su rechazo al modelo de gestión privada que la Consejería de Sanidad valenciana implantó primero en la comarca de La Ribera (1999) y con posterioridad a Torrevieja, Elche, Dénia y a Manises, al considerar que esconde un intento enmascarado de privatización progresiva y de la fragmentación de la red asistencial. Muñoz recordó este antecedente del intento de la sanidad madrileña para argumentar que, en el futuro, pueden primarse los criterios economicistas sobre la calidad asistencial en otras comunidad o ciudades autónomas. Una sospecha que desde distintos ámbitos sociales denunciaron de forma pública a finales de 2013.
“La gestión pública es el único modelo que garantiza la igualdad de todos los pacientes”, concluyó la presidenta de la Junta de Personal del Ingesa.
