Siete años después, en la playa del Tarajal que fue testigo de la tragedia del
6F, ha vuelto a hacerse memoria por los fallecidos en aquel trágico intento de entrada a Ceuta. La organización de la VIII Marcha por la Dignidad no se ha visto frenada por la pandemia y, aunque se ha tenido que celebrar de otra forma, el espíritu ha sido el mismo tanto en nuestra ciudad como en otras del país que se han sumado a la convocatoria. En la lectura del manifiesto se ha recordado no solo lo ocurrido aquella madrugada sino la actual situación judicial en que se encuentra el caso. “Siete años desde la muerte de, al menos, 14 personas en la playa de Ceuta. Siete años de impunidad. Siete años de injusticia. Siete años luchando en la Marcha por la dignidad. Siete años exigiendo responsabilidad y reparación. Siete años haciendo memoria, defendiendo la vida y exigiendo derechos. Tras siete años de litigio, la situación actual no es nada esperanzadora. El 27 de julio de 2020 la Audiencia Provincial de Cádiz, ordenó el sobreseimiento libre, un archivo de la causa que señala que los guardias civiles investigados no cometieron delito alguno. Por lo tanto, los absuelve sin juicio. Sigue pendiente de trámite el recurso contra dicha decisión que se ha de resolver en el Tribunal Supremo. Tras siete años: muertos sin rostro, sepulturas sin nombre, víctimas sin justicia,
frontera sin derechos”, han denunciado.
En la arena del Tarajal no solo se ha hecho memoria de aquellos subsaharianos cuyos cadáveres fueron recuperados del mar en Ceuta o en Marruecos, también se ha hecho mención a “los datos espeluznantes” de un 2020 marcado por el endurecimiento del control fronterizo. Según un informe de Ca-minando Fronteras, el 95% de las víctimas desaparece en el mar sin que sus cuerpos sean recuperados. Se contabilizan 2.170 fallecimientos en las rutas de acceso al estado español. “Si no hemos sido capaces de salvar sus vidas, deberíamos responsabilizarnos de sus muertes. Pero, en su lugar, seguimos perpetuando toda una maquinaria política que financia la lucha contra la inmigración irregular. Bajo el mandato de Fernando-Grande Marlaska, las partidas presupuestarias destinadas a las guardias costeras y a la policía fronteriza de países como Marruecos, Mauritania o Senegal, entre otros, se han triplicado. ¿Y si estos recursos se destinaran a acoger en lugar de rechazar?”. No solo los inmigrantes tienen que llevar a cabo rutas cada vez más peligrosas, sino que “se les niega la paz y la palabra ya que la violación de los derechos humanos continúa una vez llegados a puerto. Se les ha privado de su libertad, se les ha mantenido en condiciones de hacinamiento, en ocasiones sin asistencia letrada y sin posibilidad de defenderse e incluso se ha llegado a separar de manera forzosa a menores de sus familiares”. “Son numerosos los motivos que empujan a las personas a migrar: tanto la búsqueda de protección internacional al salir de un país en conflicto como la crisis económica y la pandemia, conformando así los llamados flujos mixtos. El saqueo de la Unión Europea a través de acuerdos pesqueros con países africanos atenta contra la seguridad alimentaria, genera violación de derechos humanos y agranda la brecha económica y social. Esta realidad se ha visto agravada por la crisis de la Covid-19, que ha afectado a todos los sectores económicos, en especial al turismo en estos países. No obstante, aunque algunos huyan del conflicto y otros de la falta de perspectiva de futuro, no debemos caer en la discriminación entre refugiados y migrantes como si solo los primeros tuvieran una legitimidad para migrar”, han relatado en el manifiesto.
Reclamaciones y denuncias que se repiten año tras año
A pie de playa, cumpliendo con todas las medidas de seguridad tras llegar al Tarajal en autobús, se han expuesto las reclamaciones que siguen haciéndose hoy día. Reclamaciones que son siempre las mismas, pero que deben repetirse año tras año porque continúan pesando como losas. Se denuncian las políticas de “muerte” en el Mediterráneo y Atlántico convertidos en “la mayor fosa común del mundo”. Se denuncia la construcción de un vallado de 10 metros de altura para separar Ceuta de Marruecos y se denuncia la política de externalización de fronteras “que nos hace cómplices y financiadores del maltrato que ejercen contra las personas migrantes”. Se denuncian las devoluciones en caliente, los vuelos de deportación, el discurso del odio que alimenta el racismo y la xenofobia, además de la falta de atención humanitaria y la actual ley de extranjería que justifica los reconocimientos por perfil racial. Se denuncia todo esto y se reclama respeto a la dignidad, que se haga un proceso de reparación y memoria que rinda justicia a las víctimas o que se promueva una política de expedición de visados seguros.
El 6F convertido en un símbolo
La memoria y el recuerdo de lo ocurrido el 6F permanece porque se ha convertido en un símbolo de protesta contra las violaciones de los derechos humanos. Aquellas muertes no quedaron en un hecho trágico y aislado, sino que se han convertido en el referente de las protestas para que la dignidad cobre un espacio para todos en el día a día. Aquellos subsaharianos murieron en el intento de entrada a Ceuta. Algunos de esos cadáveres terminaron enterrados en Santa Catalina y solo uno fue identificado. Los demás quedaron en Marruecos. Al margen de la batalla judicial que ha tenido continuos posicionamientos, permanece la conciencia social de rechazo a las políticas fronterizas, a la concepción de Europa en torno a una Frontera Sur que sigue dejando un rosario de tragedias. Pasan siete años y se sigue chocando no ya solo con la misma piedra, sino con una hilera de trabas que rebajan la condición humana a lo peor.