La magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta ha solicitado un informe sobre la capacidad para declarar y entender que tiene un joven guineano, llamado A.K., al que se le acusa de provocar un incendio forestal en el año 2018.
A través de videoconferencia, se intentó tomarle declaración, siendo imposible al no poder ni verbalizar ni comprender lo que se le estaba trasladando.
Se ha pedido un informe al forense para que determine cuál es su capacidad de declarar y entender. Es una manera de dar oficialidad por parte de un profesional a lo que todos los presentes pudieron comprobar.
No se podrá poner de momento el punto y final a un procedimiento judicial que data de septiembre de 2018, cuando la Guardia Civil detuvo a un guineano residente en el CETI por su relación con una hilera de incendios en el entorno de este centro de acogida.
Un vigilante de seguridad manifestó haberlo visto prendiendo dos contenedores próximos al centro. Esa inicial acción se extendería a otras zonas hasta el punto de que se registraron cinco focos distintos.
La Guardia Civil confirmó que el incendio había sido intencionado, concluyéndose también que por la zona no estaba más que el acusado quien, además, había sido visto poco antes con un mechero.
El primer foco se ubicó en las inmediaciones del Centro Ecuestre y afectó a 60 metros cuadrados de pastizal y matorral, así como a un pie de alcornoque y otro de eucalipto.
El segundo foco se produjo en un contenedor ubicado cerca de la carretera de acceso al CETI.
El tercer foco tuvo lugar en una zona de cañaverales en las cercanías del centro de estancia temporal de inmigrantes, resultando afectada una superficie de 10 metros cuadrados.
El cuarto se localizó en el acceso a un bunker militar abandonado que se haya en los márgenes de la carretera N354, y el último, en el interior de un conducto de agua que atraviesa esa vía y desemboca en la playa de Benítez.
Hubo un impacto ambiental a raíz de esas acciones, aunque calificado como “bajo” por el Instituto Armado, sin daños humanos.
El Servicio de Extinción de Incendios tuvo que movilizar a todo su personal disponible y 4 camiones para actuar en varios fuegos de poca intensidad, pero consecutivos y provocados en intervalos de apenas minutos. La rápida y efectiva intervención del Cuerpo evitó la propagación de las llamas, que en uno de los conatos pudieron afectar a una vivienda próxima.
El acusado, natural de Guinea y con un pasado terrible asociado a la inmigración, está acusado de delito de incendio forestal, por el que, en un principio, la Fiscalía solicita una pena de 3 años de prisión.
Esa es la calificación inicial llevada a juicio que puede modificarse radicalmente según el informe que presenten los profesionales forenses, hasta el punto de que se tendrá que valorar si es imputable o no.
La vista fijada para este jueves no se pudo celebrar debido a que el acusado ni siquiera entendía lo que se le preguntaba. Los guardias civiles que habían sido llamados a declarar en calidad de testigos no pudieron ofrecer sus testificales.
Siete años después de aquel incendio no se ha podido dictar sentencia sobre este caso.
El acusado sí que ha sido condenado por otros delitos, entre ellos resistencia y el haber participado en una algarada en el propio centro de estancia temporal de inmigrantes.
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