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“Sí servimos para vigilar cárceles, pero no para vigilar los cuarteles”

La asociación ‘45 sin despidos’ no cree que la medida de abrir plazas civiles para militares como funcionarios de prisiones sea la solución sino un “parche”

Quizás uno de los más críticos con la medida que está estudiando Defensa e Interior de abrir plazas civiles para militares como funcionarios de prisiones ha sido la asociación militar ‘45 sin despidos’, quien recuerda que hace dos años, el 31 de julio de 2018, presentó una solicitud promoviendo esta misma medida como una vía para dar cumplimiento a la Ley de tropa y marinería de ofrecer una salida profesional a los soldados profesionales que deben abandonar las Fuerzas Armadas una vez que cumplan 45 años.

“Ni siquiera nos contestaron”, lamenta Jenner López Escudero, presidente de ‘45 sin despidos’, quien opina que esta medida, de llevarse a cabo, “llega tarde”. Critica que sea ahora la Administración la que lance esta información “como un globo sonda” sin especificar cómo se llevaría a cabo el proceso y, tampoco, cuántas plazas se pondrán a disposición del personal militar.

Pese a que es una medida que ellos mismos propusieron, matizan que “no es al solución” para dar salida a todo el personal de tropa y marinería que “es expulsado” de las Fuerzas Armadas por el mero hecho de cumplir 45 años, una cifra que se calcula que ascienda a los 67.000 soldados. “Es una manera de paliar el problema”, admite López Escudero, pero supone un “parche” para una ley, la de tropa y marinería, que sigue considerando injusta, puesto que “discrimina” a los soldados por su edad.

“Cómo explica el Ministerio de Defensa que sus soldados puedan vigilar las cárceles, pero no sus cuarteles”, pregunta el presidente de la asociación recriminando al Ministerio de Defensa que haya externalizado la vigilancia de algunos acuartelamientos a empresas privadas de seguridad, una situación que consideran que va en contra de la propia ley, la cual indica que todos los edificios públicos deben tener vigilancia de funcionarios de la Administración.

Bajo la premisa de que esta medida no es la solución para la tropa y marinería, López Escudero cree que es una buena idea, pero que hay que completarla para que se cumpla la ley y se le dé una salida digna a todos estos profesionales, formados, que deben abandonar las Fuerzas Armadas.

Desde ‘45 sin despidos’ siguen promoviendo que Defensa tome medidas como crear una Policía Militar de vigilancia o habilitar la 2ª Actividad, como ya ocurre en otros cuerpos como la Policía Nacional y la Guardia Civil. De esta forma, los soldados, independientemente de la edad, que no puedan estar en puestos operativos o tácticos, puedan llevar a cabo otras funciones que, actualmente, están externalizadas a otras empresas.

CCOO se opone al acceso de personal militar a las cárceles

A través de un comunicado, CCOO opinó que esta medida, que estudian los ministerios del Interior y de Defensa, limitaría el acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. “Exigimos que se convoque una oferta extraordinaria de acceso libre para cubrir el déficit estructural de 3.000 vacantes”, exponía el sindicato. De concretarse esta decisión, para la central representaría una “evidente involución” del sistema penitenciario español, “que nos aleja de los países europeos”.

CCOO recuerda que las reglas penitenciarias europeas establecen la obligación de que las prisiones estén bajo la responsabilidad de las autoridades públicas, separadas de los servicios militares, de la policía y de la instrucción penal. Se remontan, incluso, a un pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en lo que se refiere a las reglas para el tratamiento de los reclusos, que establecen que “la administración del personal estará en manos civiles. No debe ser parte de una estructura militar”.

El sindicato exige que se mantengan las Instituciones Penitenciarias con personal civil exclusivamente, tal como exige el ordenamiento jurídico. Asimismo, piden que “se deje de vulnerar el derecho a la negociación colectiva en Instituciones Penitenciarias” y que el acceso al empleo público de Instituciones Penitenciarias continúe siendo en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.

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