Un empleado de la Consejería de Asuntos Sociales que en 2015 lideraba Rabea Mohamed ha explicado este miércoles en la
Audiencia Provincial cómo se dieron cuenta de que la adjudicación
de las 317 VPO de Loma Colmenar con Antonio López al frente de
Emvicesa tampoco era “normal”. De acuerdo con su relato, solo tres días después de que, un viernes, les advirtiesen de que tendrían que elaborar una relación de posibles beneficiarios de casas en esa promoción, el lunes se encontraron publicada la relación de adjudicatarios, lo que los dejó estupefactos. El trabajador social citado como testigo ha explicado que nadie podía entender en Servicios Sociales que se les encargase un trabajo un viernes por el cupo que iban a tener en la promoción y el supuesto resultado final ya estuviera cerrado el lunes. También ha declarado que para el reparto de las 170 VPO de Loma Colmenar en ningún momento se solicitó desde Emvicesa ninguna documentación a Asuntos Sociales con el fin de recabar datos sobre personas con alguna vulnerabilidad que pudieran ser beneficiarias de
viviendas protegidas. Lo único que recibieron fue un aluvión de particulares que reclamaban dictámenes de Servicios Sociales sin más ni más, por lo que instaron sin éxito a la empresa municipal que dirigía Antonio López a dejar de mandarles gente, ya que estaban a punto de colapsar su rutina. Después en Servicios Sociales descubrieron de la mano de la UDYCO que algunos adjudicatarios de las 170 VPO constaban como tales procedentes de ese departamento sin que constasen en sus bases de datos.
Usuarios y derechos
La jefa de Servicios Sociales de la Ciudad, Josefina Castillo, ha aseverado que su departamento “no tiene absolutamente nada que ver” con la adjudicación de viviendas protegidas y ha desvinculado su
listado de beneficiarios de alojamiento alternativo de una relación de necesitados de VPO, ya que “otros usuarios viven en condiciones infrahumanas y deberían tener más derecho”. “Emvicesa nos ha solicitado a veces informes de nuestros usuarios puntualmente y hace años, por lo que me quejado si no constaba la causa”, ha recordado la funcionaria, que ha “creído recordar” a preguntas de la
Fiscalía que para las 317 de Loma Colmenar sí se pidió a su área un listado, aunque no tiene memoria alguna de que sucediese lo mismo para la adjudicación de las 170 VPO de la misma barriada, cuyo reparto supuestamente a cambio de dinero o tráfico de influencias es el eje central de la macrocausa. Castillo ha asegurado que cuando su consejera le pedía un listado “no sabía” para qué lo iba a utilizar (la defensa de Rabea Mohamed quiere probar que sí los recibió para las 170 VPO, aunque fuese por correo electrónico y no vía Registro oficial) y ha negado que entre ella, sus trabajadores y la titular del área hubiese discrepancias por “cómo se usaba el presupuesto”. Veinticuatro años después de su incorporación a Emvicesa, una trabajadora de esa sociedad ha desgranado las funciones de cada uno de sus compañeros procesados, desde Medina “en el departamento Comercial” hasta Vera, su jefe, pasando por Zaragosí (“coge solicitudes, documentación, da de alta...”), Sánchez y García (adscritos al Registro). En el transcurso de su declaración ha restado trascendencia al hecho de que algunos de ellos fueran a trabajar por las tardes, algo que la
Policía Nacional interpretó como indicio de su complicidad presuntamente delictiva con López, ya que ha afirmado que se hacía “si era necesario” para sacar el trabajo pendiente.