De “fraude” a la ciudadanía ha tildado el presidente de la asociación ecologista Septem Nostra, José Manuel Pérez Rivera, el modo en que se está llevando a cabo la gestión integral de residuos por parte del Gobierno local. La ‘Ley de Residuos’ estableció, en 2005, la subvención de medidas que financien el transporte marítimo a la península, o entre islas, de los residuos generados en Ceuta y Melilla, así como en las Baleares y Canarias, ante el elevado coste que supone la transferencia de estos materiales a plantas de otras localidades.
Además, dichas bases también inciden en un encarecimiento del pago que el consumidor realiza cuando adquiere determinados envases. “Aquellos residuos incluidos en la gestión integral de residuos obliga al ciudadano a pagar un porcentaje para que, una vez que esos envases se depositen en los contenedores específicos, sean financiados a través de este coste añadido”, explica Pérez Rivera. Reconoce, sin embargo, que este sistema “no funciona”, al no garantizar “que ese pago repercuta en el proceso selectivo de residuos”. A su entender, la cantidad de envases emitidos es “muy superior a los que se recuperan, por lo que en última instancia los que se benefician son las empresas que emiten estos envases”.
Al no recuperarse, todo apunta a que el destino final del plástico, el vidrio o el papel “terminan mezclados con la basura”, actuación que el propio Pérez Rivera llegó a denunciar al comprobar que un camión de recogida de basura llegaba a mezclar otros residuos susceptibles de ser reciclados.
El ecologista insta a la Administración local a un “mayor compromiso” que evite el “cierto fraude que se está cometiendo contra los ciudadanos”.
Recuerda que Ceuta puede colocarse al alcance de políticas más avanzadas como las que se desarrollan en otros países europeos, “más efectivas y justos desde el punto de vista económico”, y que consiste en que el consumidor reciba una compensación económica por cada envase reciclado.
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