El PSOE ha presentado al Pleno del Senado una moción relativa a la puesta en marcha de un plan de expansión de las TIC para favorecer la igualdad de oportunidades real en España, centrada en explotar la confrontación entre hombres y mujeres. De acuerdo con la exposición de motivos de los socialistas, las potencialidades de TIC dependen de reducir la "brechas de género".
La senadora de Vox por Ceuta, Yolanda Merelo, ha explicado que esta moción "supone un paso obligado más en la transición digital, aparentemente positivo en su integridad", sin embargo, ha denunciado los "matices ideológicos". Para la senadora, los socialistas tratan de "introducir de una forma sibilina" múltiples alusiones a la brecha de género, que, ha explicado, tienen una "dudosa existencia", pero "en el supuesto de ser ciertas, podrían deberse a múltiples factores independientes de cualquier discriminación hacia la mujer en el ámbito tecnológico".
Derechos fundamentales, comprometidos
Por ello, Vox ha propuesto dos enmiendas. Una de ellas de modificación, en la que se insta al favorecimiento de la formación continua de todas las personas en edad avanzada, sin distinción de sexo, con el objetivo de evitar su aislamiento social. La senadora ha explicado desde la Tribuna del Senado, que, con la pandemia "una de las actividades que más se están desarrollando con un uso masivo entre la población, sin distinción alguna de sexos" son, entre otras cosas, gestiones con el banco; con la administración, compras; educación a distancia; consultas de información, etc.
Sin embargo, la protección del honor, la intimidad personal y familiar, y el derecho a la propia imagen se han visto "comprometidos por el avance de las nuevas formas de interconexión social de los individuos, requiriendo intervenciones por parte de los Poderes Públicos a fin de dar respuesta a esa nueva realidad de forma segura", ha advertido Merelo.
Falta de regulación
Así, ha denunciado "el profundo desconocimiento y la poca e imprecisa regulación existente ante este nuevo fenómeno", que, ha dicho, "amenaza con dejar al ciudadano indefenso ante posibles violaciones de sus derechos fundamentales", especialmente los amparados por el artículo 18 de nuestra Constitución.
"España se ha situado en la vanguardia del despliegue de la tecnología 5G, pero no lo ha hecho en términos legislativos que ofrezcan una seguridad aceptable a sus ciudadanos" que comprendería la seguridad frente a toda clase de intromisiones ilegítimas, ya sea por parte de otros ciudadanos como por parte de los Poderes Públicos y así lo ha defendido Merelo.
Así, ha denunciado la inexistencia de una regulación que imponga a los fabricantes de dispositivos conectados a esta red 5G la obligación de proveer a sus productos de una seguridad razonable, apropiada para la naturaleza del dispositivo en sí con respecto a la información que pueda reunir, contener o transmitir, y diseñarlos para proteger el dispositivo y cualquier información sita en él de accesos no autorizados, destrucción, uso, modificación o revelación.
Para Vox, son estas cuestiones de naturaleza técnico-política en las que habría que centrarse y "no en mociones más preocupadas en explotar electoralmente la confrontación entre los españoles", ha concluido.
