La posibilidad de jubilarse antes de la edad ordinaria sigue siendo una opción para miles de trabajadores en España y también de Ceuta, pero hacerlo puede tener un impacto importante en la cuantía de la pensión.
La normativa de la Seguridad Social establece una serie de coeficientes reductores para quienes opten por la jubilación anticipada voluntaria, con recortes que pueden alcanzar hasta el 21% en determinados casos.
La reducción dependerá principalmente de los años cotizados y del tiempo que se adelante la jubilación respecto a la edad ordinaria que corresponda a cada trabajador.
La reforma aprobada en 2013 fijó un aumento progresivo de la edad de jubilación que culminará en 2027. Mientras tanto, durante 2026 existen dos edades ordinarias distintas para acceder al 100% de la pensión.
Por un lado, quienes hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses pueden jubilarse a los 65 años. En cambio, los trabajadores con un periodo de cotización inferior deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para percibir la pensión íntegra.
La legislación también permite acogerse a la jubilación anticipada voluntaria, siempre que se acrediten al menos 35 años de cotización. En ese supuesto, el retiro puede adelantarse hasta un máximo de dos años respecto a la edad ordinaria.
Esto sitúa la edad mínima para acceder a esta modalidad entre los 63 años y los 64 años y 10 meses, según la carrera de cotización de cada persona.
Adelantar la jubilación implica asumir una reducción permanente en la cuantía de la pensión mediante la aplicación de coeficientes reductores mensuales.
El mayor recorte afecta a quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses y decidan retirarse dos años antes de la edad ordinaria. En ese escenario, la pensión puede reducirse un 21%.
Si el adelanto es menor, también disminuye el porcentaje aplicado. Por ejemplo, anticipar la jubilación un año supondría una reducción del 5,5%, mientras que hacerlo un solo mes antes conllevaría un recorte del 3,26%.
En general, cuanto mayor sea la carrera de cotización y menor el tiempo de adelanto, más reducida será la penalización aplicada sobre la prestación.
Con estas medidas, la Seguridad Social busca desincentivar las jubilaciones anticipadas y favorecer que los trabajadores prolonguen su vida laboral.
La estrategia responde, entre otros factores, al aumento de la esperanza de vida y al progresivo envejecimiento de la población española.
Como incentivo, quienes opten por la jubilación demorada pueden obtener una mejora de su futura prestación. La normativa prevé un incremento del 4% de la pensión por cada año completo trabajado después de alcanzar la edad ordinaria.
Como alternativa, también es posible elegir un pago único por cada año adicional cotizado, cuya cuantía oscila entre 4.800 y 13.500 euros, o combinar ambas fórmulas mediante un sistema mixto.
Los datos reflejan que esta opción va ganando peso. De las casi 69.000 nuevas altas en pensiones de jubilación registradas durante los dos primeros meses de 2026, un 12,8% correspondieron a jubilaciones demoradas voluntarias, una tendencia que la Seguridad Social pretende seguir impulsando mediante estos incentivos.
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