La Ciudad Autónoma de Ceuta ha publicado la propuesta de resolución provisional correspondiente al segundo plazo de solicitudes (diciembre de 2025) de las subvenciones y ayudas destinadas a establecimientos afectados por las obras de remodelación de la avenida Teniente Coronel Gautier, en la barriada de Hadú.
La medida forma parte de un programa de ayudas diseñado para mitigar el impacto económico que los trabajos urbanísticos han provocado en los negocios situados en la zona.
La convocatoria, gestionada a través de Procesa, tiene como objetivo principal compensar la pérdida de ingresos y favorecer el mantenimiento del empleo en los establecimientos afectados por las obras.
Según recoge el anuncio publicado este martes en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE), esta línea de ayudas se enmarca dentro de una política pública orientada a proteger el tejido empresarial local y garantizar la continuidad de la actividad económica durante la ejecución de proyectos de gran duración.
El programa de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva fue aprobado por el Consejo de Gobierno en septiembre de 2025. La iniciativa cuenta con un presupuesto total de 500.000 euros, financiado a través de los fondos consignados en el presupuesto de Procesa.
La convocatoria se estructuró en cuatro plazos de presentación de solicitudes para facilitar el acceso progresivo a las ayudas por parte de los negocios afectados. El primero, correspondiente a septiembre de 2025, contó con una dotación de 300.000 euros, mientras que el segundo —cerrado en diciembre de 2025— disponía de 100.000 euros.
Los dos periodos restantes están previstos para marzo y junio de 2026, con un presupuesto de 50.000 euros cada uno, lo que permitirá seguir atendiendo las necesidades de los establecimientos que continúen afectados por el desarrollo de las obras.
Una vez finalizado el segundo plazo de presentación, se inició la fase de instrucción del procedimiento, en la que se analizaron las solicitudes presentadas por los negocios interesados. El proceso de evaluación fue llevado a cabo por el Comité Técnico de Evaluación (CTE), que revisó la documentación y verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases reguladoras.
Durante la sesión celebrada el pasado 2 de marzo, el comité analizó los expedientes y elaboró el informe que ha servido de base para la propuesta de resolución provisional. El resultado de esta evaluación se recoge en los anexos que acompañan al documento oficial, donde se detallan los expedientes tramitados, los beneficiarios propuestos y las solicitudes denegadas.
Según el documento, el crédito disponible resulta suficiente para atender todas las solicitudes que cumplen los requisitos, por lo que no ha sido necesario aplicar los criterios de baremación previstos en las bases para establecer un orden de prelación entre los solicitantes.
La cuantía de las subvenciones propuestas para cada empresa se ha determinado en función de la modalidad de justificación elegida por los solicitantes. En concreto, los establecimientos podían optar entre acreditar una minoración de ingresos derivada de las obras o demostrar el mantenimiento del empleo durante el periodo afectado.
Tras la publicación de la propuesta de resolución provisional, los solicitantes dispondrán de un plazo de 10 días para presentar alegaciones, aceptar la ayuda propuesta o aportar documentación adicional si lo consideran necesario.
Este trámite forma parte del procedimiento administrativo previo a la aprobación de la resolución definitiva.
Por otro lado, el documento también contempla que el remanente presupuestario no ejecutado en este segundo plazo pueda incorporarse al siguiente periodo de solicitudes, previsto para marzo de 2026, lo que permitirá aumentar la dotación económica disponible en la próxima convocatoria.
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