El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha dejado visto para sentencia un juicio por el que se le acusa a L.L.P. de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Al supuesto cabecilla, N.H.A, ya se le juzgó en su día y quedó absuelto al no quedar demostrado su autoría en el pase de inmigrantes en narcolanchas. El acusado ha sido conducido por la Policía Nacional, ya que fue puesto en busca y captura toda vez que no se presentó al acto de juicio oral celebrado en su día. Al término de la vista celebrada este martes, el Ministerio Fiscal ha continuado con su escrito de calificación inicial pidiéndole al acusado 6 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La Defensa, por su parte, pide la libre absolución de su representado, ya que Fiscalía indica que este hecho ocurrió el 26 de mayo de 2018, mientras que la Policía Nacional ha manifestado y así venía reflejado en su atestado que la embarcación propiedad del acusado fue denunciada el 21 de marzo de 2018.
Los hechos a los que se ha hecho referencia en este juicio ocurrieron sobre las 18:30 horas, cuando llegó una embarcación semirrígida a Algeciras con 17 personas en su interior, todos ellos argelinos carentes de documentación para permanecer en territorio nacional. Protagonizaron una travesía con grave riesgo para su vida ya que no disponían de chalecos salvavidas ni otra medida de seguridad. Supuestamente, previamente, habían pagado en torno a 2.000 euros a una organización para que los trasladasen desde la playa del Sarchal a una playa de la localidad gaditana.
La organización estaría formada por una pluralidad de personas con funciones perfectamente delimitadas con la finalidad de trasladar a ciudadanos extranjeros en situación irregular desde un punto de la costa ceutí, en una embarcación semirrígida, hasta el otro lado del Estrecho. Al acusado L.L.P. se le atribuye ser el que facilita la embarcación para el traslado de los inmigrantes.
Un agente de la Policía Nacional ha declarado que detectaron una embarcación rápida gracias al helicóptero del Ministerio de Fomento, que mandó un aviso al Servicio Marítimo del Guardia Civil, pero esto no impidió que llegara a la costa gaditana. El agente insiste en que el acusado no era el que iba patroneando la embarcación que llegó a una playa de difícil acceso y en la que además no pudieron interceptar a todos los inmigrantes.
El testigo ha respondido sobre el baile de fechas intentando aclarar la situación. El agente ha indicado que en dos fechas distintas (el 21 de marzo y el 26 de mayo) ocurrieron diferentes hechos. Por una parte, a los que atañen al mes de marzo, la embarcación del procesado quedó a la deriva en mitad del Estrecho y necesitó la ayuda de la Guardia Civil para llegar a la costa. En lo que respecta al mes de mayo, la embarcación pertenece a otra persona, que no es la del acusado en este juicio, y que fue la que consiguió llegar a Algeciras.
N.H.A, que fue al principio de estos hechos catalogado como cabecilla y que quedó absuelto por la Audiencia, ha comparecido para negar, ante el abogado de la Defensa, que conociera de algo a la persona que estaba siendo acusada. Ha explicado que su propio abogado le explicó en prisión que este individuo se encontraba en rebeldía por estos hechos, pero que él nunca ha tenido contacto alguno.
El último en testificar fue el acusado que negó, ante la Fiscalía, que hubiera prestado a cambio de dinero su embarcación para el cruce de inmigrantes. Admite que se utilizó su embarcación para este hecho, pero que él mismo reflejó en una denuncia ante la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras que su embarcación que se encontraba estacionada en El Faro de dicha ciudad había sido sustraída. Esa denuncia no viene reflejada en el auto. El Ministerio Público ha preguntado a qué se dedica profesionalmente y el costo de esa embarcación. El acusado reconoce que le costó alrededor de 24.000 euros, que se dedica a la construcción, pero que pudo hacerse con ella porque llevaba unos dos años ahorrando. Por otra parte, el acusado reconoció que no tiene permiso para llevar ese tipo de embarcación con 8 metros de eslora y que por eso la tenía amarrada hasta que pudiera obtener el permiso especializado.
La Defensa, por su parte, se expresó en el mismo sentido que con anterioridad con el juego de fechas y en la que L.L.P. se reafirmó explicando que su embarcación “fue robada” en el mes de marzo, y no en mayo como acusa el Ministerio Fiscal. El juicio ha quedado visto para sentencia.
