Save The Children exige al MEFP más pasos contra la segregación escolar

Save The Children ha pedido este viernes al Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) que “retire” el proyecto de Real Decreto que para regular la admisión del alumnado en centros públicos y concertados de Ceuta a partir del curso 2023-2024 sometió a audiencia pública el pasado mes de julio. Según la directora de Incidencia Social y Política de la ONG, Catalina Perazzo, el texto “no incorpora absolutamente ninguna medida concreta contra la segregación escolar y está muy alejado de frenarla”.

“No solo no incluye soluciones para combatir la segregación, sino que mantiene otras negativas, como que cada centro educativo pueda decidir un punto del baremo de admisión [el 'dinástico' que aplicarán el próximo año escolar 18 colegios e IES locales] según le parece”, ha lamentado la experta, que opina que en la norma faltan medidas que aparecen recogidas en la Ley de Educación pero no en el Decreto, como que las zonas que dan preferencia para acceder a cada colegio cubran población socialmente heterogénea o la participación de la comunidad educativa en la planificación de la oferta.

Save the Children ha calificado de “grave” esta decisión “porque Ceuta y Melilla son, según el último informe PISA, los territorios de España con mayor segregación escolar, incluso por encima de Madrid, las autonomías con mayor segregación socioeconómica de la península y una de las más altas en toda la OCDE”.

“Hemos remitido nuestras propuestas al Ministerio pero han sido desoídas hasta ahora”, ha criticado Perazzo, que no obstante cree que “todavía hay tiempo para que se cambien algunas cuestiones del decreto”, que prohíbe explícitamente que se reclame a las familias el pago por ninguna actividad o servicio, un recelo habitual con los concertados.

La organización opina que “se debe establecer una proporción de alumnado con necesidad de apoyo educativo que corresponda a cada centro en forma de reserva de plaza, que la escolarización que se produce de forma extraordinaria durante el curso se distribuya de forma equilibrada, mejorar la detección de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica mediante la coordinación con los Servicios Sociales o crear oficinas de apoyo a la escolarización para asesorar y acompañar a las familias, entre otras”.

El último informe TIMSS sitúa a Ceuta como la región con menor porcentaje de estudiantes (15%) escolarizados en centros “ni favorecidos ni desfavorecidos” en términos socioeconómicos, es decir, en los que la tasa de alumnado procedente de hogares favorecidos no es relativamente menor ni mayor que la de menos pudientes. Hasta ahora esta situación se había interpretado y asumido como una consecuencia directa del reparto geográfico de la riqueza en Ceuta, donde la pobreza y las necesidades están también evidentemente distribuidas de forma no equitativa entre distritos.

El borrador mantiene los principios que se aplican actualmente en la baremación y sigue considerando criterios prioritarios para asignar plazas cuando sean menos que solicitudes la existencia de hermanos matriculados en el centro; la proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de los padres, madres, tutores o tutoras legales; y la renta per cápita de la unidad familiar.

Igualmente se podrá valorar que los padres, madres, tutores o tutoras legales trabajen en el centro predilecto; la condición de familia numerosa o monoparental; la de víctima de terrorismo o violencia de género; la concurrencia de discapacidad u “otras circunstancias” según “criterios públicos y objetivos”.

La nueva norma básica pretende sustituir a la vigente desde 2009 en las ciudades autónomas y establece que “la residencia efectiva en Ceuta y Melilla” será “condición para obtener y para mantener una plaza escolar en los centros sostenidos con fondos públicos”. El alumnado que traslade su residencia al extranjero “perderá” la asignada.