Representantes de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD Ceuta) mantuvieron un encuentro clave con la delegada del Gobierno para transmitir la gravedad de la situación asistencial en la ciudad, la cual definen como un escenario de resistencia ante la falta de recursos.
El colectivo advirtió que el sistema sanitario ceutí se encuentra al borde del colapso, lo que compromete directamente la seguridad y calidad de la atención que perciben los ciudadanos.
En un comunicado, el grupo explica que la realidad profesional en Ceuta se caracteriza por una presión asistencial insostenible, especialmente en Atención Primaria, donde los facultativos deben atender consultas cada cinco minutos.
A esto se suma una carencia crónica de médicos en casi todas las especialidades; destacando que las vacantes y ausencias no se reemplazan, obligando al personal disponible a soportar un volumen de trabajo inabordable.
Médicos Unidos por sus Derechos afirma que este deterioro es la consecuencia de años de inacción y decisiones políticas alejadas de la práctica diaria.
Para revertir el desinterés de los nuevos médicos por trabajar en la ciudad, MUD propuso un paquete de medidas de incentivo que incluyen:
El colectivo médico recordó que Ceuta ostenta legalmente la condición de zona de difícil cobertura desde hace tres años, aunque denuncian que en la práctica este reconocimiento no ha servido para implementar mejoras reales.
Entre sus reivindicaciones principales destaca el fin de las jornadas de 24 horas, que consideran incompatibles con una atención segura, y la exigencia de que el tiempo de guardia compute para la jubilación. Asimismo, solicitan que la delegación de INGESA tenga una capacidad de decisión real y local para evitar que las soluciones dependan exclusivamente de estructuras en Madrid.
Tras la reunión, Médicos Unidos por sus Derechos trasladó que la Delegada del Gobierno se comprometió a establecer una vía de comunicación directa con el Ministerio de Sanidad para trasladar estas demandas.
Desde MUD recalcan que su intención no es el conflicto, sino la defensa de un derecho fundamental: una atención sanitaria humana y digna. La organización concluye con un mensaje claro para la administración: para garantizar el bienestar de los pacientes, es imperativo garantizar primero el bienestar de quienes los cuidan.
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