Sanidad asegura que el nuevo plan de inclusión está "en fase de ejecución"

El PSOE se ha preguntado este miércoles por el estado del plan de inclusión social. Ha presentado una interpelación para saber si sigue vigente el del año 2012, si está en proceso la puesta en marcha de uno nuevo actualizado y ha querido conocer qué órganos de Ceuta realizan un seguimiento de las políticas que se aplican.

“Aquí se basa en la urgencia del momento o del dinero sin la garantía de un impacto real”, ha resaltado. “El último es de 2012. Es un programa en un contexto previo a todo lo que ha ocurrido”, ha remarcado Melchor León, presidente de la gestora del partido en la ciudad.

“No tiene en cuenta las consecuencias del Covid, la precariedad laboral o el incremento de la vulnerabilidad en la población. Es un problema que este gobierno no tenga uno vigente y renovado”, ha traslado.

"Parches"

“No puede demostrar qué modelo se aplica y a qué colectivos prioriza”, ha comentado. “La inclusión social no depende de parches”, ha concretado. “Interpelamos al Gobierno para que responda a una serie de cuestiones”.

“El más reciente corresponde al periodo 2012 y 2015. Si no existe uno, ¿se compromete esta administración pública a elaborar uno nuevo con un diagnóstico actualizado y con indicadores?”, ha expresado.

“¿Qué órganos realizan seguimiento de las políticas de inclusión y su evaluación?”, ha cuestionado. Ha solicitado si se pueden consultar de forma pública estos datos y cómo está integrado en las actuaciones mediante un convenio en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Un estudio

Nabila Benzina, consejera de Sanidad, ha afirmado que el último programa es de esa fecha, del 2015, y que se ha encargado el desarrollo de un estudio para ver la situación actual en ese ámbito en la población.

“Es para tener datos cuantitativos y un encargo en noviembre para hacer un nuevo plan de inclusión que estará a mediados de año”, ha expresado. “Sí disponemos de un órgano para revisar esas medidas. Es  el departamento de planificación que hace una extensa memoria donde da cuenta de esas gestiones en Servicios sociales”, ha afirmado.

“Los PRTR tienen delimitada una estrategia que es modernizar con un enfoque territorial”, ha subrayado. “Con los mecanismos de valoración para hacer seguimientos semestrales hay que presentar memoria y la verificación de resultados una cuenta justificativa”, ha puntualizado.

"Fase de ejecución"

“El control es multiorgánico. Está también implicada la evaluación por parte de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales”, ha trasladado. León ha preguntado si está actualizado este asunto, ha solicitado el calendario y las actuaciones dentro del marco del PRTR.

La consejera ha asegurado que “el plan de inclusión está en fase de ejecución”. Ha indicado que “en cuanto a los datos del acuerdo se los pasamos para que los tengan presentes”.

Desde el grupo socialista también se han preguntado por el estudio sobre el uso del agua en edificios de la administración pública. “Transcurridos más de un año de la aprobación del análisis se evidencia la falta de su ejecución”, ha concretado.

Preguntas

Se ha preguntado si este ha sido elaborado, qué actuaciones ha impulsado el gobierno en este sentido y si se va a desarrollar un programa en este sentido. Alejandro Ramírez, consejero de Fomento, ha asegurado que se dio la instrucción de hacerlo.

Ha indicado que se les remitió en junio, pero que no se pudo iniciar la contratación por una cuestión económica. “Eran 60.000 euros y no se tenía presupuestada esa cantidad. Se incluyó en el de 2026. Se prevé que un par de meses se saque a licitación”, ha aseverado.

El objetivo es revisar 358 contratos en instalaciones públicas. “Generan un consumo de más de dos millones y medio de euros. La meta es ver los patrones de uso, detectar las deficiencias y optimizar el empleo de este bien básico”.

"Mayor base de datos"

 El análisis pretende “tener una mayor base de datos sobre facturas hídricas y fomentar programas de concienciación en los edificios municipales”, ha recalcado. “La primera fase se basa en la recopilación de datos, la revisión de empleos anómalos”, ha indicado.

Este plan incluye también localización “de ineficiencias, desarrollar medidas de optimización y mejora, no solo para reducir el consumo de metros cúbicos; también para disminuir su impacto económico”.

“Todo esto desembocará en un informe final para aplicar estas acciones lo antes posible”. León ha pedido que se les pase el análisis y la información sobre la elaboración de una iniciativa para impulsar el uso responsable de este bien básico. Ramírez le ha asegurado que le pasará toda la información.