La Proposición No de Ley presentada por el PP para que los empresarios de Ceuta y Melilla dispongan de una guía para uso de la aduana comercial no ha salido adelante.
El propio PP ha denunciado la “falta de transparencia”, así como la “inseguridad jurídica” que padecen los empresarios, lamentando la abstención del PSOE.
El Partido Popular denuncia que los socialistas han vuelto a demostrar “su falta de compromiso con Ceuta y Melilla”, al abstenerse en la votación de la Proposición No de Ley que ha sido presentada por el diputado Javier Celaya en la Comisión Mixta de Insularidad.
En la misma se instaba al Gobierno a elaborar esa guía oficial y pública sobre el funcionamiento de las aduanas comerciales con Marruecos.
“La iniciativa, técnica, sensata y necesaria, buscaba aportar seguridad jurídica, transparencia y control institucional a un proceso que el propio Ejecutivo mantiene rodeado de opacidad e improvisación”, expone el PP.
Los populares siguen sin saber respuestas a preguntas básicas como las de qué productos pueden pasar, en qué condiciones o con qué horarios y procedimientos.
“El PSOE intenta distraer a la opinión pública citando informes como el Informe Económico y Comercial Marruecos 2024 o la Ficha País Marruecos, que nada tienen que ver con la aduana del Tarajal. No dicen qué se puede pasar, ni cuándo, ni cómo. No existe ninguna guía práctica publicada, y eso lo saben perfectamente”, explicó Celaya durante su intervención.
El Partido Popular subraya que la ausencia de una regulación clara no solo genera inseguridad jurídica, sino que demuestra “la falta de interés del Gobierno por ofrecer certezas a los empresarios ceutíes y melillenses, que llevan meses reclamando claridad para poder trabajar con normalidad”.
“Si la aduana funcionara realmente, habría una guía pública y reglas claras. Pero el Gobierno ni la tiene ni quiere elaborarla. Prefieren ocultar su falta de gestión tras discursos vacíos”, añadió Celaya.
El Partido Popular considera que la abstención del PSOE “retrata a un Gobierno sin rumbo, sin planificación y sin voluntad de dar la cara ante un asunto que afecta directamente al desarrollo económico de Ceuta y Melilla”, mantiene.
“Mientras Pedro Sánchez presume de buena vecindad con Marruecos, las dos ciudades siguen sin respuestas, sin certidumbre y sin una política seria que las tenga en cuenta”, añade.
Vox ha presentado una enmienda en la Comisión Mixta de Insularidad del Senado para frenar la entrada masiva de productos de "baja calidad procedentes de Marruecos" que, según el partido, generan "competencia desleal" en España y, en particular, en Ceuta.
La iniciativa del PP planteaba elaborar una guía para que empresas y organizaciones locales conocieran los procedimientos de exportación a través de las aduanas comerciales con Marruecos, pero Vox defiende que cualquier actividad comercial debe proteger los intereses de agricultores, ganaderos, pescadores y comerciantes españoles.
Según Alberto Rodríguez, representante de Vox: “El Reino de Marruecos no se muestra como un socio fiable y eso debería tener, bajo los principios más elementales del derecho internacional público, una respuesta”.
La enmienda solicita que la Comisión Europea suspenda de inmediato el acuerdo agrícola con Marruecos y se modifique el acuerdo de asociación para incluir los cultivos procedentes del Sáhara Occidental, cumpliendo la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 4 de octubre de 2024.
Rodríguez defendió también la necesidad de “establecer mecanismos eficaces de defensa contra la competencia desleal de terceros países, en justicia de las imposiciones que reciben nuestros productores”, así como de reforzar los controles fronterizos y promover cláusulas espejo en productos agrícolas y ganaderos importados.
Vox criticó al PP por rechazar la enmienda y denunció que acuerdos como el Pacto Verde y otras políticas promovidas por PP y PSOE “son una amenaza continua a los intereses de los agricultores y ganaderos, industriales y comerciantes españoles”, al permitir la entrada de productos que no cumplen las obligaciones exigidas a los españoles.
Rodríguez insistió en que “cualquier tipo de regulación o política comercial en los puestos fronterizos con Marruecos debe tener en cuenta esta realidad”, defendiendo la protección de Ceuta y la seguridad de los ciudadanos locales frente a posibles abusos comerciales y presión exterior.
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