Cuando apenas han transcurrido unas semanas del Cuadragésimo Aniversario de nuestro ingreso al proceso de integración europea, no existe justificación más incuestionable del alcance histórico que ha significado dicha pertenencia a la Unión Europea (UE), que bajo el signo propiamente de la recapitulación.
Y es que en una simple panorámica parece una paradoja, pero como acostumbran a destacar quienes coordinan fechas reivindicativas a lo largo del año, el mayor resultado que desean obtener es que justo se dejen de evocar, porque los motivos que buscan ya se ha alcanzado o pautado tiempo más tarde.
El formato imponente europeo de España como nación es actualmente irrefutable, tanto en el exterior como internamente de las fronteras. De hecho, teniendo en cuenta las numerosas divergencias que a la vez dificultan, optimizan la marcha del sistema político español, configura uno de los mecanismos más compactos de consenso que hacen frente al acontecer de los tiempos. Pero como sucede en el resto de Estados miembros, esa aceptación no es ya tolerable y mucho menos inexperta. Las encuestas reseñan que los ciudadanos españoles preceden la impresión pre europea, si esta apunta a la aspiración de más progresos en la integración. No obstante, desde que el escollo económico hizo acto de presencia, el enardecimiento irreflexivo se ha desmoronado y ahora existe razón de ser de que no cualquier resolución llegada de Bruselas, es obligatoriamente beneficiosa para el bienestar y la seguridad. Este proceder materialista, pero no desconfiado, entrevé una señal de criterio válido.
Y la deducción que emana de este entorno, europeístas pero no implacables, tiene diversas potencialidades todavía sin explorar lo suficientemente, básicamente, tomar conciencia de que España puede tomar la iniciativa y desenvolverse de modo anticipado, en vez de estrictamente rebelarse a escenarios determinados para aproximar el devenir de la Unión a los valores e intereses. Amén, que esta es una consecuencia que demanda de algunas aclaraciones precedentes y ni mucho menos es lo que trato con este escueta aportación intelectual.
De cualquier manera y pese a que es imposible en estas líneas realizar un análisis exhaustivo del estado de la relación España-UE, años después de su adhesión, es preciso desgranar sucintamente en esta segunda parte del texto, el esclarecimiento y acercamiento de las bases sociales del respaldo español a la integración europea; como el creciente y enrevesado sumario institucional de toma de decisiones y acomodación legal a la pertenencia; o las preeminencias en las diversas políticas sectoriales, englobando el espacio económico, exterior e interior y, por último, armar una justificación histórica de conjunto que escuche a la europeización y concerniente deseuropeización subsiguiente, advertida en España como Estado miembro.
"Años más tarde, el abrazo de España a Europa podría parecer menos apasionado que cuando éste se produjo, pero los puntales que alzan la legitimidad y el valor de dicha pertenencia prosiguen indemnes"
En principio la adhesión indicaba que los españoles definitivamente conquistaban el codiciado vínculo con el corazón de Europa, como forma de adquirir la regeneración social, política y económica. Es sabido que el modernismo de España no se interpreta únicamente por la adhesión en 1986 a las por entonces Comunidades Europeas, porque también resultaron esenciales la mutación a la democracia, la tesis de un capitalismo asistido de políticas de prosperidad y el engarce del universo social y económico con la globalización, pero es categórico la inducción reforzadora que tuvo sobre todos la pertenencia a la Europa comunitaria. Sustancialmente, la naturaleza democrática requerida para formar parte de ella y que había imposibilitado la incorporación de España en los setenta, valió de empuje para la transición entre los años 1976 y 1985, y desde ese momento como amarre irreversible de la democracia.
Es más, la hoja de ruta de liberalización del mercado interior, más la proyección del euro y la acogida de numerosos fondos estructurales, han concurrido de forma primordial a modernizar el engranaje productor de España, afianzar su macroeconomía y abrir camino en la atracción social interna entre sus individuos y regiones.
Además, la europeización enfocada a un conjunto de manifestaciones sociales y culturales afines con reformas dentro de una fase de asimilación cultural y en cuyo foco se halla la cultura europea como modelo dominante, se erigió en un sendero determinado para activar en España la eclosión de la globalización, al ampliarse el intercambio de bienes y servicios de personas y capitales y destapar el requerimiento de ir más allá del Estado-nación, para responder a los desafíos medioambientales o de seguridad.
Toda vez, que es inexcusable percatarse de la envergadura sociocultural que ha tenido la pertenencia a Europa. Verdaderamente es una predisposición genérica que tiene mucho que ver con la versión combinada sobre el éxito o fiasco del proyecto español. Así, la adhesión a la UE ha alimentado en todo momento una repercusión a nivel social, cultural y político sobre España que reciben el calificativo de históricos. Desde el siglo XIX, los conatos de modernización obtuvieron como rasgo reiterado el empeño de sugestionar a la sociedad española a los gobiernos más promisorios del continente.
La atención de una colaboración íntegra de España en la construcción europea se convirtió en uno de los pilares cardinales, en atención sobre los que se asentó el consenso político de la transición a los valores democráticos. Al igual que en la izquierda como en la derecha política, irrumpieron las expectativas moderadas sobre los más extremistas y el europeísmo proseguía aportando esa argumentación centrista. Primero, para la izquierda, la europeización de España comportaba arrimarnos a la democracia, las libertades y el Estado de Derecho. Y segundo, para la derecha, la articulación a Europa revelaba la convicción de la economía de mercado y el alineamiento occidental con el arquetipo intelectual liberal de Estados Unidos y sus aliados en la Guerra Fría.
En ambos sumarios, reproducía nada más y nada menos, que la modernidad y normativización político-social que tanto anhelaba España. O lo que es lo mismo: el acentuado consenso europeísta de la sociedad y de la clase política que todavía en nuestros días y pese a las muchas fragosidades, se salvaguarda.
A día de hoy, la serie de encuestas materializadas de forma periódica por la Comisión Europea, continúan señalando que confluye una mayoría estable de españoles que opinan que la pertenencia es conveniente; unos saldos que rebasan abundantemente la media alcanzada en la UE y que reportan a España en una de las naciones más europeístas.
Cuando se les consulta si estiman que el estado mejora con este nexo de unión a Europa, la conclusión es matemática, aunque inicialmente la impresión era inversa, hoy en día el reconocimiento se ultima con la concepción más pesimista de que España es poco renombrada en Bruselas. Claro está, que esta inclinación fundamenta a una urbe permanentemente europeísta, pero con un balanceo instrumental de la pertenencia.
En otras palabras: en 1986, la sociedad española cavilaba que si la pertenencia en sí misma era pragmática, no iba a originar ganancias específicas. Sería desde los noventa y hasta el año 2010, cuando se observa que la integración ayuda al país de manera palpable.
Posiblemente, ese avance surja con la circunstancia de que en los años ochenta se preconcibiera que la esperada adhesión iba a vaticinar desde importantes renuncias a encajes, mientras que desde el ecuador de los noventa son perceptibles los intereses que comprende ser miembro, provechos que se transcriben en los fondos que tanto han enmendado las infraestructuras, o incluso la adaptación sociopolítica y económica de España que el sentir popular coligó con Europa. Y por si fuera poco, nuevamente se ameniza esa expresión positiva desde la crisis, cuando la Unión aplica políticas de severidad y desvalorización interna.
Ese sostén mayoritario hacia la integración posee su destello razonado en las fuerzas políticas de calado. Tanto el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como el Partido Popular (PP), que tan distantes se encuentran en las cuestiones públicas, cuidan una alianza supuesta sobre los pros y los contras de la integración europea, al que igualmente se añadieron los principales partidos nacionalistas del País Vasco, Cataluña y Canarias. Incluyéndose el pronunciamiento de la actuación electoral y de la modalidad de partidos que se ha derivado desde 2014, no ha cambiado esto vehementemente, dado el potente federalismo del partido liberal Ciudadanos, o del europeísmo detractor de una fuerza drástica como Podemos.
En España, en contraste a otros estados europeos, en estos trechos no ha dominado ninguna fuerza nacionalista xenófoba con estilos explícitamente antieuropeos. En cambio, se vislumbra una mayor cota de desconfianza hacia la UE en la coalición Izquierda Unida y en los partidos nacionalistas de izquierda que militan en el País Vasco, Galicia y Cataluña. Si bien, no estoy haciendo referencia a una eurofobia ostensible, sino de la conservación de un paradigma de acoplamiento europeo anticapitalista más próximo a su pensamiento.
En definitiva y pese a lo aquí constatado, la conformidad europeísta paladea una salud relativamente desahogada. Y por ende, los españoles están capacitados para encomiar las fortalezas definidas que puedan arrastrar las diversas políticas europeas. Sin inmiscuir, que sigue prevaleciendo un veredicto generalizado positivo que se sostiene más en los patrocinios indefinidos. Europa se place de una reputación en la corriente política y social desde hace cien años como la escapatoria a las indisposiciones seculares del estado. Y estos cuarenta años han acrisolado que la UE era incontestablemente una coyuntura para apaciguar y reglar España con su contexto imperante y conllevar a merecer los objetivos de estabilidad política, porque no es creíble corresponder a la UE, si no se verifica una democracia apuntalada.
Al igual, que la tonificación del proyecto nacional, en el compás que la UE asiste a la progresión y consistencia territorial con sus políticas regionales y regeneración de la autoconfianza ciudadana. Aun así, la integración no solo ha robustecido a España desde un horizonte alegórico o debidamente de identidad, sino de igual forma, práctico.
En este momento, en una parte relevante y gracias a Europa, España se apresta de más suficiencia, se administra con más herramientas y una legislación pertinente. Asimismo, es más musculosa de cara a los apremios externos de círculos sectoriales y eficiente en el recaudo fiscal, como en la provisión de los servicios públicos y en su protagonismo internacional.
Paralelamente, en esa responsabilidad de los organismos, la sociedad civil y las entidades se atinan más interconectadas al exterior. Es llamativo citar la retroalimentación europeísta de España, porque aunque podría concebirse que la Unión tiene como destino último la instauración de una unión federal del continente y la disipación de los Estados, mirando a nuestro país se acredita cómo se evoluciona en el desarrollo de esa pertenencia europea y revestir internamente a las naciones que la componen. Interpretado de otro modo: en vez de un lazo entre la UE y los Estados miembros como un complemento cero, es justo distinguir que la suma es útil para todos.
Ni que decir tiene que uno de los principios valiosísimos de este refuerzo de España como nación, desciende de la competitividad institucional del Estado, la apertura de la gobernanza y el marco legal. En este sentido, hay que incidir en una deferencia sobre las bases constitucionales de la pertenencia española e hilvanar sin ambages ni rodeos, el progresivo proceso de toma de decisiones que vale para fijar la disposición española en Bruselas.
Recuérdese al respecto, que el Artículo 93 de la Constitución Española concreta la cláusula de apertura que otorga el traspaso a Bruselas del ejercicio de funciones provenientes de la soberanía.
Su limitadísimo tratamiento en el instante que se compuso la Constitución, quiso asentarse con ocasión del Tratado Constitucional. Pese a ello, la decepción de aquel incidente de la integración europea y los inconvenientes internos para emprender la modificación, chasquearon la acción. A la sazón y aún con las recomendaciones y sugerencias de los entendidos sobre su colapso virtual, la raíz constitucional del Artículo 93 continúa siendo la misma que en 1978.
"Cuarenta años más tarde de la rúbrica del Tratado de Adhesión, España ha dejado de ser una ambigüedad en sí misma"
La actual realidad supone vaivenes para la seguridad jurídica porque, sin degenerar los esfuerzos meticulosos del Tribunal Constitucional para que se respete el pasaje exacto, otros mandatos de la Carta Magna han quedado descabezados por el nuevo cuadro geopolítico. Obviamente, este vacío hace que no confluyan reglas de juego manifiestas sobre la labor que en las materias europeas llevan a término las instituciones nacionales y, de seguro, sin establecer los términos que esconde la contribución de España en la UE, ni las preferencias que rastrea.
No ha de eludirse de esta exposición, que en los últimos años se ha vuelto más embarazosa la descripción de las prioridades nacionales y se ha intensificado la intromisión de otros actores del Gobierno y la Administración: las Cortes Generales y las Comunidades Autónomas.
La incrustación de las partes regional y parlamentaria con el Poder Ejecutivo Central, soporta numerosos dilemas fruto de la ausencia de recursos jurídicos, políticos y administrativos. Echando un vistazo a la intervención autonómica y las pujantes peticiones de colaboración por algunas Comunidades Autónomas y visibles progresos en la institucionalización de la misma, el Gobierno Central se resiste a conceder su supremacía en la faceta ascendente. Y contemplando a las Cortes, la exigua atribución efectiva del Congreso y el Senado en las metodologías legislativas, yuxtapuesto a los irrisorios incentivos advertidos para inculcar la política europea, lo traduce en el incontestado dominio gubernamental.
Por último y a modo de recuento conclusivo, aunque esto no se agota, de los años transitados de pertenencia, algunos investigadores desentrañan este espacio a partir de la discriminación de dos trayectorias: una primera mitad de paulatina y acertada ‘europeización’ que subsiste precisamente hasta el salto a un nuevo siglo, para posteriormente adentrarnos en otros lapsos mucho más escabrosos y donde se deteriora el porte de centrarse en política y económicamente con la genética de la UE.
En los años preliminares España se ganó a pulso convertirse en el discípulo virtuoso que no solo acepta con satisfacción sus exigencias jurídicas y económicas, sino que conjuntamente inyectó espíritu político remozado a los por entonces diez Estados miembros. Es legítimo afirmar que el ensanche hacia la Península Ibérica se originó en un intervalo oportuno. Me refiero a variables intervinientes como la consumación de la Guerra Fría y el instinto de seguridad, el auge de la democracia liberal cosmopolita de cara a los nacionalismos, autoritarismos y proteccionismos, o el encuentro de liderazgos afanosos y cómo no, la vanguardia económica bordada por las cadencias de una globalización que todavía no había destapado su rostro más ingrato.
Pero no es menos innegable que desde el primer minuto España realizó aportes representativos. Como redoblar la visual exterior europea hacia Latinoamérica, o plantear anticipaciones fideralizantes en lo relativo a los ciudadanos de pleno derecho, o el compromiso en justicia e interior y perfeccionar el discurso del mercado con fondos redistributivos que vigilasen la cohesión.
En síntesis: la órbita ejemplar de esa contribución, lo que Europa nos proporcionaba y lo que facilitábamos a Europa, llegó a ser apreciable. La insignia de las doce estrellas pregonaba la ostentosa mejora de las infraestructuras y aunque en menor medida, el capital humano que requería hacerse más profesional. Pero la correlación económica y social con las naciones más desarrolladas que se ocasionó en esos primeros años, beneficiaba a ambos puntos.
Dicho de otro modo: la inversión directa extranjera prosperaba al tiempo que se creaban las primeras multinacionales españolas en los otros Estados miembros; el movimiento recíproco de sujetos ascendía exponencialmente y la economía se descargaba de sus ínfulas, atenuándose la inflación y agigantando las exportaciones pero, sobre todo, importaciones para recompensar la solicitación de unos grandes consumidores o las urgencias de las sociedades que apostaban por añadirse a las cadenas de valor con estancia continental o global.
En el calibre político y exterior, ese rendimiento mutuo no era desnivelado: España perfeccionaba su influjo diplomático y cultual en Europa y otras latitudes, a la vez que avivaba sus formas de actividad exterior amoldándose a la doctrina y las destrezas institucionales de la Cooperación Política Europea.
Así y en poco tiempo, España deja el anonimato de ser un estado retraído a proliferar su estampa general. El realce y la calificación de potencia media se hacía sentir en las entrañas de las instituciones, donde España se forjó la palma de excelente gestora en el Consejo, al igual que los españoles contraían responsabilidades vitales. En su propia casa, cualquier decisión que se valorara de flamante, empleaba el prefijo euro en su apelativo y la UE alardeaba de tener entre sus filas un Estado honesto que había arrimado el hombro para asegurar su democracia y gradual impulso.
Consecuentemente, años más tarde, el abrazo de España a Europa podría parecer menos apasionado que cuando éste se produjo, pero los puntales que alzan la legitimidad y el valor de esta pertenencia, no pueden continuar gravitando en una remota petición a lo que Europa ha resuelto por la democratización, la ramificación socioeconómica o la reconciliación con la identidad nacional, ya que las victorias barajadas son lejanas en el tiempo, e incluso en los últimos años han predominado algunos pasos atrás. Tampoco ha de alegar su razonamiento expreso en la paz habida en los cincuenta, o el estirón en cuanto al crecimiento de los setenta y la reactivación de los ochenta y noventa.
No cabe duda, que cuando Europa encara la lección eminente de las amenazas a la seguridad es el período de que España se incluya de forma práctica y minuciosa a la orilla de la Unión. Sin desdeñar, las enseñanzas aprendidas de los años al margen de Europa y de otros tantos de deseuropeización (pérdida de las motivaciones, principios y valores que nutrieron el proyecto europeo desde su origen), pero distinguiéndonos para siempre como parte de la transmisión europea y con apetito de liderarlo y reproducirlo.
A tenor de lo desgranado, aunque la crisis de años pasados ha confirmado que España ha de perseverar sin pausa resistiendo infinidad de conflictos como estado, cuarenta años más tarde de la rúbrica del Tratado de Adhesión, España, valga la redundancia, ha dejado de ser una ambigüedad en sí misma. El cómputo no puede ser derrotista, la opinión que cosecha el tiempo frecuentado de estrecha consonancia entre España y Europa es imperiosamente valedero.
La UE ha ayudado a pulir España en poco más o menos, cualesquiera de las dimensiones sociales, políticas y económicas y no ya solo se ha agraciado de la pertenencia, sino que ha trabajado duramente e instado al modus operandi de construcción europea, derrochado frenesí europeísta en varios perímetros, al igual que ha esparcido el poder económico y diplomático del continente.
Todo ello y con las dificultades circunstanciales de imagen con los casos de corrupción políticos, después del brillo concerniente como Estado miembro bien adaptado en la conexión del acervo europeo, ahora corresponde decidirse a ser protagonista del futuro y como cuarto en el peldaño de los Veintisiete Estados miembros en cuanto a su corpulencia y peso político, debe darse un giro cualitativo en la europeización de su Administración.
