El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, se reúne este viernes en Ceuta con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, y la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, tras la visita girada a nuestra ciudad para conocer el centro de Mendizábal y los principales problemas que afectan al entorno de prisiones. Órtiz viene acompañado del director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente.
Este jueves ya mantuvieron reuniones en el interior de la prisión y para este viernes se ha fijado el acto más institucional con encuentros con las principales autoridades de la ciudad y con los medios de comunicación. Sobre la mesa hay muchos asuntos de interés para la prisión de Ceuta como son todos los relativos a la ampliación de categoría del centro, la apertura de nuevos módulos o el incremento de personal que ha sido algo reclamado desde hace años para disponer de una plantilla acorde a las necesidades, así como la disposición de una RPT propia. Disponer de esa relación de puestos de trabajo supondría de entrada un incremento en más de cien efectivos para el centro penitenciario así como su clasificación como centro tipo, con la categoría de 1.1 Insular.
Presos trasladados a la Península
También en el tintero quedan asuntos de interés para las familias de presos que son trasladados a la Península, lo que afecta mucho el poder mantener relaciones con cierta temporalidad o el fortalecimiento de la conciliación familiar.
Aunque en la cárcel de Ceuta no ha habido episodios graves de inseguridad, los funcionarios locales se han sumado en estos últimos meses a las protestas efectuadas en otras penitenciarías donde los trabajadores sí han sido brutalmente agredidos por presos, registrándose un pico de presión que ha llevado a reclamar mayores medidas de protección.
En ese mismo ámbito de la seguridad se encuadra la presión ejercida sobre la cárcel de Mendizábal a través de los narcodrones y los intentos continuados que tienen de intentar colar drogas o teléfonos móviles dirigidos a los presos. La rápida actuación de los funcionarios sumada a la cooperación con la Guardia Civil ha abortado varios envíos, interviniéndose en algunos casos los elevadores.
