El empresario hostelero Rafael Martín, propietario de los conocidos establecimientos hosteleros de La Riquísima, tanto en Plaza Azcárate como en Serrano Orive, se ha visto obligado a no abrir el primero de ellos ante un decreto de cierre recepcionado este mismo miércoles.
Dos semanas antes, habían recibido una inspección sanitaria de rutina donde se apreciaron dos circunstancias como la ausencia de agua caliente, cuando el afectado asevera que sí cuenta con ella pero estaba desconectada, y la falta de un accesorio en el inodoro de uno de los baños.
Martín entiende que las inspecciones están para subsanar deficiencias pero la sorpresa ha sido que, tras recibir la inspección hace aproximadamente dos semanas, el miércoles pasado llegó el decreto de cierre y desde ayer, el establecimiento ubicado en la Plaza Azcárate se encuentra cerrado por obligación en plena época veraniega, donde se sacan muchos de los beneficios que permiten continuar el resto de los meses, menos agradecidos en temperaturas.
El propietario de La Riquísima ha intentado solventar y contactar hasta con la Consejería de Fomento para solucionar este decreto de cierre tan radical, sobre todo cuando “llega el fin de semana, y no se va a poder arreglar nada hasta el lunes próximo, y si es que podemos hacer algo”, replica.
“No nos han dado posibilidad de subsanar nada, directamente nos han decretado el cierre”, se queja Martín, que ve que las deficiencias detectadas no son graves, pero hay que subsanarlas, no creyendo que sean motivo para el cierre de un negocio.
Rafael Martín y Karima Driss, destacan que son nada menos que 12 familias las que viven de estos dos negocios de hostelería además de la suya propia y si no se le ofrecen soluciones para subsanar el decreto que considera que puede ser legal pero no le ve igual apariencia de justo, ha convocado a trabajadores, familiares y clientes, a manifestarse en vista del estado de indefensión en el que se encuentra con su negocio y todas las familias que viven de su trabajo en él.
La cita, a las 12:00 frente al Palacio de la Asamblea, para lo que han pedido ya los pertinentes permisos para tramitarlo en la Delegación del Gobierno.
Sin embargo, esperan que la Ciudad pueda rectificar la medida tomada a fin de poder continuar con su negocio.
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