La sección sindical de la
prisión de Ceuta del Sindicato Profesional de Funcionarios de Prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (
TAMPM) y el
sindicato APFP (Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones) han exigido la adopción de medidas urgentes de seguridad después del último incidente ocurrido este pasado 2 de mayo en el interior del módulo 7 de la cárcel de Mendizábal. Tal y como trasladan ambas entidades a El Faro de Ceuta, tras la dispensa de un desayuno especial que se había preparado con motivo de la finalización del mes de Ramadán, se produjo un “gravísimo altercado” en el que llegaron a verse implicados entre 15 y 20 internos. “Se observó inicialmente un altercado fortuito, que desencadenó en varios focos distantes entre sí. Los funcionarios de servicio se vieron obligados a pedir refuerzos a otros trabajadores penitenciarios ante la desobediencia de los internos, gravedad del incidente y la dificultad de restablecer el orden, arriesgando su propia integridad física”, explican. Esa pelea, lejos de contenerse, fue a más “en intensidad y gravedad”, mientras que se conseguía reunir a unos pocos trabajadores debido “al escaso número de funcionarios que prestan servicio en en centro penitenciario, por la plantilla mermada y envejecida. Con muchísima dificultad consiguió disolver el conflicto teniendo que aislar del resto de la población reclusa a cuatro internos que manifestaban un alto de grado de agresividad y violencia”, detallan. Fue en ese proceso de actuación cuando se detectó la presencia de un “arma artesanal” que fue requisada y que se había elaborado a base de cuchillas con lo que se teme que pudiera ser empleado para atentar contra alguien.
Las reclamaciones de ambas entidades para garantizar la seguridad
Tanto TAMPM como APFP denuncian “los mismos vicios ocultos que en ningún caso se han subsanado tras casi 5 años desde la apertura del centro penitenciario de Fuerte Mendizábal. Es imposible garantizar la seguridad interior del centro con internos de diferentes tipologías conviviendo mezclados, lo que supone un riesgo para sus propias vidas y para el desarrollo de la propia condena por parte de los internos ceutíes, cuyos beneficios penitenciarios, como permisos, terceros grados u otros, se desvanecen al verse envuelto en estos altercados, prolongándose así su estancia en prisión a causa en gran medida, por la falta de medios, personal y la falta de clasificación interior”. Asimismo, añaden, “el envejecimiento de la misma y una política de personal en la que se prima un exceso de trabajo burocrático con la única finalidad de cuadrar estadísticas por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (órgano perteneciente al Ministerio de Interior que dirige el ministro Grande–Marlaska), convierten al funcionario de prisiones de Ceuta en un mero auxiliar administrativo atado a una mesa con ordenador en gran parte de su jornada laboral, lo que se traduce finalmente en un desconocimiento de la situación de la población reclusa a su cargo que bien le impiden o limitan a la hora de percibir este tipo de incidentes para poder establecer con antelación las medidas necesarias para evitarlos”, concretan. Las dos secciones sindicales cuestionan la política en materia de seguridad e insisten en que es necesario “reconocer que la conflictividad de la prisión de Ceuta es similar a la de otros centros de igual número de internos y proporcional, teniendo en cuenta su población reclusa, a cualquier macroprisión del país, por lo que se insiste en la necesidad de dotar de mayor seguridad,
número de efectivos y reclasificación a la tipología 1.1”.