La reunión para la financiación del reparto de menores, aplazada

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha confiado este miércoles en que en los primeros días de marzo ya se haya definido la fórmula legal para ejecutar el reparto puntual entre el conjunto de comunidades españolas de los 4.400 menores que tutelan las islas y Ceuta en la actualidad.

Tras lamentar que la reunión que tenía prevista este miércoles con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se haya aplazado por enfermedad de ésta, Clavijo ha informado en unas declaraciones difundidas por el Gobierno canario de que ha dejado toda la información disponible a su jefe de gabinete para seguir avanzando en este asunto.

El objetivo es que a final de mes, una vez desbloqueada su financiación, se pueda iniciar una ronda con los grupos del Congreso de los Diputados.

Clavijo ha considerado que el grado de ejecución de la llamada “agenda canaria”, otra de las cuestiones a abordar en el encuentro aplazado con Montero, se puede evaluar “en otra ocasión”, ya que, a su juicio, “lo más urgente e importante” es la distribución de estos miles de menores inmigrantes no acompañados entre el conjunto del país, para lo que el Gobierno canario sigue apostando por la fórmula de un decreto ley.

Liberar la presión de los servicios de la comunidad

En la actualidad, el Gobierno de Canarias está centrando todos sus esfuerzos en liberar la presión de los servicios de la comunidad autónoma y para que los menores extranjeros no acompañados puedan ser atendidos con dignidad acorde a los derechos internacionales.

Una vez que la financiación para el reparto extraordinario esté garantizada y la Abogacía del Estado entregue el informe sobre si es posible realizarlo mediante un decreto ley --los servicios jurídicos de la CCAA entienden que es viable--, quedaría reunirse con los grupos políticos para cerrar el texto y aquellas mejoras que quisieran introducir, llevándolo luego al Consejo de Ministros y al Congreso, respectivamente.

Finalmente, la comunidad autónoma ha insistido en su apuesta por modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para poder establecer un sistema automático de distribución de los menores llegados de manera irregular que sería aplicable a todos los territorios.