Hay momentos en los que las palabras institucionales tienen un valor especial. La declaración suscrita este viernes por numerosas comunidades autónomas y la ciudad hermana de Melilla en el Consejo de Política Fiscal y Financiera supone, sobre todo, el reconocimiento de una realidad que Ceuta lleva semanas denunciando: lo ocurrido en su frontera no puede ser considerado un problema exclusivamente ceutí ni reducido a una simple cuestión migratoria.
Que territorios de todo el país hayan cerrado filas con Ceuta es un paso adelante. Y lo es porque reconoce que cuando una frontera española y europea es sometida a una presión extraordinaria, cuando se altera la convivencia y se tensionan los servicios públicos hasta límites difíciles de asumir, la respuesta no puede recaer sobre una ciudad de apenas 20 kilómetros cuadrados. Ceuta ha soportado una situación excepcional con unos recursos que, simplemente, no están dimensionados para afrontar una crisis de esta magnitud.
La declaración acierta al centrar la atención en algo fundamental: hace falta una respuesta de Estado. No solo recursos económicos para compensar los gastos extraordinarios, sino también medios humanos, seguridad, justicia, sanidad, educación, defensa e infraestructuras fronterizas. Porque la protección de la frontera no puede depender de la capacidad de una administración local para resistir una emergencia que afecta a España y a la Unión Europea.
Pero las declaraciones, por importantes que sean, deben convertirse ahora en hechos. Ceuta necesita comprobar que ese “Ceuta no está sola” se traduce en presupuestos, efectivos, infraestructuras y decisiones concretas. Necesita que el Estado entienda que la excepcionalidad no termina cuando disminuye la presión en la frontera. Las consecuencias permanecen y han dejado una huella profunda en los servicios públicos, en la economía y en la propia sociedad ceutí. La Ciudad lo ha expuesto en muchas ocasiones, de hecho, no ha dejado de hacerlo desde que esta situación dió la cara días antes de finalizar el mes de julio, no el 30 y el 31 de julio; fue antes, tal y como lo reflejan las informaciones que El Faro en sucesivas portadas desde el 24 de julio.
También resulta especialmente importante la defensa que hace el documento de la convivencia. Ceuta no necesita que se alimenten divisiones internas. Al contrario: una de las grandes fortalezas de esta ciudad ha sido históricamente su capacidad para convivir y permanecer unida en circunstancias difíciles. Defender la frontera, exigir seguridad y reclamar el cumplimiento de las normas no está reñido con el respeto a los derechos humanos ni con la convivencia entre quienes forman parte de esta sociedad.
Por eso este respaldo institucional debe ser entendido como un punto de partida y no como el final del camino. Ahora corresponde al Gobierno de España recoger el guante y actuar. Y corresponde también a Europa asumir que Ceuta y Melilla no son una periferia lejana, sino una de sus fronteras exteriores.
Durante estas semanas, y ya vamos para 40 días con sus noches, los ceutíes han demostrado una vez más su capacidad para resistir. Pero resistir no puede convertirse en la solución permanente.
Ceuta no pide privilegios: pide que el Estado cumpla con su responsabilidad.
Porque la frontera de Ceuta es la frontera de todos. Porque, como recuerda la declaración institucional, la defensa de Ceuta, de su estabilidad y de su futuro no corresponde solo a los ceutíes, sino al conjunto de España.
Un compromiso que debe traducirse en hechos, porque proteger Ceuta es proteger España y respaldar a una ciudad que, una vez más, ha afrontado en primera persona una crisis que afecta a toda la nación.
