La rescisión del contrato con Trace enfrenta a Caballas y MDyC con el Gobierno

El fin del contrato de limpieza ha tenido protagonismo por partida doble en el pleno de interpelaciones celebrado este miércoles en Ceuta. Tanto Caballas como MDyC, ambos en tono crítico y por separado, han preguntado al Gobierno sobre la prestación y rescisión del contrato, que consideran que es ilegal. A las distintas cuestiones se ha respondido con lo mismo: no hay ninguna decisión tomada en torno al punto y final de ese divorcio emitido por capítulos entre Ayuntamiento y Trace. No obstante ambas formaciones han aventurado la intervención de los tribunales de cumplirse sus temores.

El concejal Juan Luis Aróstegui ha tildado de “tortura” este proceso, poniendo sobre la mesa determinadas informaciones que maneja a las que la consejera de Economía, Kissy Chandiramani, no ha dado firmeza. “Esto ha sido casi una tortura por la ingente cantidad de vicisitudes de todo tipo que se han pasado. Trace tiene su propio universo. Entre la empresa que lleva seis años prestando un servicio objeto de crítica y el Gobierno hay un acuerdo de 12 millones” para finalizar ese contrato para, “al día siguiente” dejar que “siga prestando el servicio la misma empresa”.

“Sabemos que en ese acuerdo tienen planteado devolver el dinero de las detracciones y esto es difícil que lo entienda la ciudadanía y los propios tribunales. Durante un año y tres meses certifican que hay servicios que no se hacen y ahora ¿lo van a devolver?”, se ha preguntado Aróstegui, que ha aventurado que las “cosas raras” que van detectando en algunos expedientes pueden terminar “en un juzgado y no quiero contarle qué puede pasar. Esto es disparatado”, ha sentenciado.

Aróstegui ha puesto sobre la mesa la existencia de 14 expedientes abiertas y una sanción, por lo que considera que hablar de rescisión de contrato y permitir que la misma empresa continúe después prestando servicio es una “provocación”.

La consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, ha defendido la gestión municipal negando que haya intereses oscuros de por medio o algo que esconder.

“Sus advertencias sobran, no hay decisiones tomadas. Hay una absoluta transparencia, no hay un interés partidista o personalista. Tenemos un informe jurídico pero todavía no hay decisiones tomadas”, ha sentenciado. Se estudia de hecho si procede o no la devolución de las detracciones o si se puede alcanzar el mutuo acuerdo, pero no hay nada seguro.

“Nuestra intención es no pagar nada, que sea todo de mutuo acuerdo. Estamos ahora sustanciando el expediente. No hay nada concluyente, no estamos dispuestos a pagar un euro porque la empresa se vaya”, ha aclarado Chandiramani antes de que Caballas le reclame que ese expediente de rescisión de mutuo acuerdo llegue a pleno. “Están jugando con fuego”, le ha dicho.

El nivel de malestar ha subido de tono con la interpelación que, de manera inmediata, ha hecho MDyC. Su portavoz, Fatima Hamed, ha dejado claro al Gobierno que “está metido en un lío” y le ha aconsejado que tengan “cuidado con lo que hacen”. “Son unos temerarios”, les ha advertido, deslizando que si incurren en decisiones cuestionables puede asomar un delito que “ya saben cuál es: prevaricación, ¿les suena?”.

Hamed ha insistido en que para plantear una rescisión de contrato “tiene que haber informes” ya que lo contrario no es legal. “Ustedes no miran por los intereses de la Administración. No sé por qué intereses miran”, ha reprochado Hamed, que ha mantenido un cruce dialéctico con Chandiramani en torno a una “limpieza en jaque” que evidencia una “preocupante gestión”. “No estamos hablando de un contrato de 10 euros, ¿cómo quieren resolverlo de mutuo acuerdo sabiendo que no se puede?, ¿a quiénes quieren engañar?”.

Chandiramani ha afeado a la portavoz de MDyC que efectúe “acusaciones graves” que son “mentiras” y ha insistido en que los únicos intereses que defienden son los que mueven el interés general. “No nos plegamos a ningún otro”.