El Gobierno central ha asignado 16,3 millones de euros a este acuerdo desde 2012. El secretario de Estado Antonio Beteta y la consejera de Economía y Hacienda. Susana Román, firmaron ayer el acuerdo.
El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, firmó ayer un convenio con la consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Ciudad de Ceuta, Susana Román para la financiación de los costes de funcionamiento de la planta desalinizadora de Ceuta durante los próximos años.
Se trata del cuarto convenio que firman ambas administraciones, “lo que demuestra el compromiso del Gobierno con este proyecto”, según explicó en nota de prensa la Delegación del Gobierno. Los Presupuestos Generales del Estado para 2015 asignaron 4 millones de euros para este fin, cantidad a la que hay que sumar los 4,1 millones de 2012, los 4,09 millones de 2013 y los 4,08 millones de 2014, lo que suma una cantidad total de 16,3 millones de euros entre 2012 y 2015.
El Secretario de Estado ha recordado que este compromiso es “con los ciudadanos de Ceuta”, una ciudad que, tal y como recordó, “carece de fuentes convencionales de agua y se ha visto obligada a recurrir a fuentes alternativas de abastecimiento y más costosas” como el traslado de agua en barcos desde la península o la desalinización de agua de mar. Por este motivo, ha explicado Beteta, el Gobierno ha contribuido a su financiación, evitando que el coste excesivo de la planta desalinizadora mermase los recursos de Ceuta, necesarios para la financiación de servicios públicos a los ciudadanos.
Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública, Susana Román, ha subrayado la importancia de este acuerdo para el sostenimiento de un servicio público básico fundamental y ha destacado, también, que el Gobierno de España vuelve a probar su “especial” sensibilidad para atender las particularidades de Ceuta.
Con la firma de este convenio, como ha interpretado la titular de Economía, Hacienda y Administración Pública, el Ministerio da muestra “inequívoca” del compromiso del Gobierno que preside Mariano Rajoy con el derecho de todos los españoles a disfrutar de servicios básicos de calidad con independencia de su lugar de residencia. En esa línea, Román ha completado que la “ahora evidente sensibilidad” para atender, en este caso, los condicionantes de la escasez de recursos naturales y la extrapeninsularidad no existió con el Ejecutivo anterior.
En el acto de firma del convenio ha estado, también, la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP), Rosana Navarro.
Esta financiación cuenta con el soporte jurídico de la Directiva marco del agua y el texto refundido de la Ley de Aguas, que promueven la recuperación de costes en el suministro para optimizar el uso del agua y promover su consumo responsable. Para lograrlo, la Ciudad impulsará que se satisfagan las necesidades básicas mediante estructuras tarifarias, desincentivando el consumo excesivo o superfluo.
Recuperado por Rajoy en 2012
Hay que recordar que este acuerdo se puso en marcha al poco tiempo de la llegada del presidente Vivas a la Presidencia de la Ciudad Autónoma, sin embargo, durante la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero al frente de la Administración General del Estado, se indicó que esta subvención contaba con problemas de entendimiento en la UE y que por ello se cambiaba el concepto de ayuda a la producción de agua a un convenio para obras de abastecimiento y saneamiento, pero que se pondría fin a la misma el 31 de diciembre de 2011, como así fue.
La recuperación del convenio fue uno de los primeros asuntos que la administración local puso encima de la mesa con el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, cuando se preparaban los Presupuestos del Estado para el año 2012, que se aprobaron en el mes de junio, y tras el acuerdo con el mismo Antonio Beteta se incluyó ya esta partida de subvención a la producción del agua de la desaladora atendiendo a los condicionantes de Ceuta como son la escasez de recursos naturales y la extrapeninsularidad.
El convenio se traduce en la transferencia a las arcas autonómicas de en torno a cuatro millones de euros, una cantidad “muy importante” porque, de no ser por esa aportación estatal, el recibo de agua que pagan los ceutíes sería el doble de lo que ahora es. Por lo que el Gobierno local interpreta la renovación de este convenio como un gesto político de la máxima trascendencia y de una ayuda financiera determinante para el sostenimiento de los servicios públicos fundamentales.
Sin convenio, la factura para el usuario sería muy elevada.
Desde el Gobierno de la Ciudad se insiste en el hecho de que sin este convenio, la factura de agua que pagarían los usuarios finales, es decir, los ciudadanos, sería muchísimo más elevada, ya que el agua desalada es mucho más cara. En la actualidad, los ceutíes, a través de las tarifas de Acemsa que pagan, sufragan el 10% de los costes totales de lo que supone el suministro de agua. El 90% restante está subvencionado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado a través de este convenio. Por uso doméstico Acemsa cobra a 0,60 euros el metro cúbico hasta 20 metros cúbicos; entre 21 a 40 sube a 0,82 euros y de 41 metros cúnicos en adelante a 1,68 euros. La desaladora de Benítez dispone en estos momentos de cuatro módulos para desalinizar el agua marina, que generan un volumen diario de 23.000 metros cúbicos, aunque se ha demostrado que es insuficiente sobre todo para la demanda futura de la ciudad. Por ese motivo se ideó una ampliación con un quinto módulo, que es capaz de producir 10.000 metros cúbicos adicionales, obras que están terminadas y solo pendientes de ser entregadas por parte de la UTE que la construyó al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que a su vez hará entrega de la ampliación de la planta en su momento a la Ciudad para que pueda comenzar a funcionar. La Ciudad estima que con esta ampliación quedan resueltos definitivamente los problemas relacionados con la escasez de recursos hídricos de Ceuta.