El Gobierno de la Ciudad acordó ayer poner por fin en marcha el procedimiento de regularización de la ocupación de más de 700 viviendas de las barriadas de Príncipe Felipe, Juan XXIII, Juan Carlos I y General Carvajal. Algo parecido ya se pactó en el Pleno hace más de 20 años y no hace ni tres que el mismo Ejecutivo encomendó idéntica labor a Emvicesa.
Esta vez parece que sí se llevará por fin a buen término un proceso que no tendría por qué tener que producirse, ya que la administración debería ser lo bastante diligente para impedir o acabar con cualquier ocupación irregular de viviendas del patrimonio de todos. Sin embargo, es algo que se produce, tanto en Ceuta como en el resto de España, y son infinidad las instituciones que se han visto obligadas a poner en marcha actuaciones parecidas en las que se prima la antigüedad en el acceso a la casa (nunca de manera ilegal), tener ingresos reducidos, obligación de encontrarse empadronado...
La Ciudad debe tener la suficiente sensibilidad y cintura, pero también la firmeza adecuada, para no consentir que nadie pretenda hacer su agosto con este procedimiento, que dará tranquilidad a familias que la mayoría de los casos llevaban mucho tiempo reclamándola. Si el proceso no evoluciona sobre esos principios, su ejecución será otro motivo de crispación.
