El Reglamento de Alojamiento Alternativo, retrasado por una Comisión sin cuórum

El nuevo Reglamento de Ayudas al Alquiler de vivienda y Alojamiento Alternativo que la Consejería de Servicios Sociales tiene entre manos desde hace años sufrirá un nuevo retraso en su tramitación para llegar al Pleno y que se proceda a su aprobación inicial debido a la Comisión Informativa fallida de este lunes, a la que solamente han acudido la consejera competente, Dunia Mohamed, y los dos diputados no adscritos, María del Carmen Vázquez y José María Rodríguez.

Con este contratiempo el texto no podrá elevarse a la consideración de la Corporación con la celeridad que se pretendía, ya que deberá ser convocada una nueva reunión de la Comisión Informativa que, en paralelo, no permitirá a los técnicos avanzar como sería su deseo con el resto de normativas que Servicios Sociales tiene actualmente en proceso de renovación.

La convocatoria se remitió "en tiempo y forma" a todos los grupos políticos y diputados no adscritos

Fuentes gubernamentales han asegurado que la convocatoria se remitió “en tiempo y forma” a todos los grupos políticos y diputados no adscritos, aunque al menos el único representante de Ceuta Ya! en la Cámara autonómica, Mohamed Mustafa, ha asegurado que no la recibió.

Por su parte, el diputado del MDyC, Youssef Mebroud, también ha asegurado a 'El Faro' que la formación que lidera Fátima Hamed tampoco tuvo, igualmente, conocimiento de la convocatoria de la Comisión.

La propuesta original de nuevo Reglamento del Gobierno de Ceuta pasaba por elevar el coste máximo del alquiler de la vivienda susceptible de ser cubierto a 750 euros, así como por incrementar la cantidad máxima de la ayuda a 500 mensuales y por mantener en 60 mensualidades con salvedades (mayores de 65 años, personas con discapacidad, con enfermedades graves y progresivas...) la duración máxima del apoyo para una misma unidad de convivencia.

La idea del Ejecutivo, que se siempre se ha mostrado dispuesto a consensuar el texto definitivo con la oposición, también apuntaba a exigir a los solicitantes de ayudas acreditar, entre otros requisitos, tener una fuente regular de ingresos, no tener derecho a la renta básica de emancipación juvenil y otras subvenciones y no disponer de vehículos cuyo valor actual supere la cantidad de 10.000 euros (salvo que se trate de adaptados para personas con movilidad reducida).