La de ayer fue una mañana movida en el Palacio de la Asamblea de Melilla. Agentes de la Guardia Civil se personaron en las dependencias municipales para buscar documentación relacionada con contratos adjudicados por la Ciudad Autónoma a varias empresas locales. La investigación se llevó a cabo bajo la supervisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla, cuya juez titular estuvo presente durante las labores de registro.
Se trata de la bautizada como ‘Operación Ópera’, en la que se están investigando presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude y falsedad documental por parte de cuatro empresas con sede en Melilla. Los efectivos de la Policía Judicial se personar ayer a las 10:00 horas en el Palacio de la Asamblea ante la sorpresa de las decenas de funcionarios que en ese momento se encontraban trabajando. Los agentes se dirigieron directamente a las oficinas de la Consejería de Medio Ambiente, situadas en la segunda planta del Ayuntamiento. Los trabajadores del área detallaron cómo se llevaron documentación variada e incluso ordenadores. El máximo dirigente de la Consejería, José Ángel Pérez Calabuig, se encontraba ayer fuera de la ciudad por motivos personales y se enteró de lo ocurrido a través de sus compañeros, según apuntó él mismo a este periódico.
En un primer momento, los vehículos de la Guardia Civil estacionaron en la puerta del Palacio de la Asamblea, aunque minutos después decidieron acceder al patio interior de las instalaciones municipales, que sirve de aparcamiento para los vehículos oficiales de la Ciudad Autónoma. Fuentes de El Faro apuntaron que los efectivos de la Policía Judicial optaron por aparcar dentro del Ayuntamiento a petición de un miembro del Ejecutivo local.
Dependencias municipales
Acto seguido, los agentes inspeccionaron a fondo las oficinas de la Consejería de Medio Ambiente y posteriormente las de Presidencia. La Benemérita acordonó los accesos de ambas áreas del Gobierno autonómico, mientras que la Policía Local impedía a los medios de comunicación entrar en el Palacio de la Asamblea para tomar imágenes de lo que estaba ocurriendo.
Después de varias horas de registro, comenzaron a abandonar el Ayuntamiento varios vehículos del Instituto Armado, aparentemente con la documentación que habían ido a buscar. Pasadas las 15:00 horas, los guardias civiles se desplazaron a la Consejería de Economía y Hacienda. Por la tarde los registros se extendieron a las dependencias de Fomento, Bienestar Social y Emvismesa.
Contratos desde 2004
Fuentes cercanas a la investigación señalaron a este periódico que los agentes se llevaron contratos comprendidos entre el 2004 y el presente ejercicio. En los mismos hay servicios adjudicados por la Ciudad Autónoma a un total de cuatro pymes locales durante el citado periodo de tiempo.
Durante los registros, fuentes de Medio Ambiente señalaron a El Faro que la Administración local no tiene nada que ver con estos posibles delitos. “Se ha requisado información en el Ayuntamiento porque estas empresas tienen muchos contratos con la Ciudad, pero las consejerías afectadas no tienen nada que ver con el tema”, afirmaron. Asimismo, indicaron que, además de documentos en papel, la Guardia Civil también requisó varios ordenadores.
Además, varias personas cercanas a dicha Consejería del Gobierno aseguraron que los contratos en cuestión afectan a cuatro empresas melillenses cuyos titulares residen en barrios de los distritos IV y V. En la jornada de ayer no se produjo ninguna detención. Los registros duraron hasta última hora del día.
Toda la investigación gira en torno a una misma empresa: Porvenir S.L, dedicada principalmente al sector de la construcción y las obras. En el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, al que ha tenido acceso El Faro, se investigan los presuntos delitos de falsedad documental, exacción ilegal, prevaricación y tráfico de influencias.
cometidos respecto de la administración pública.
