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Más de 600.000 euros para reforzar la Atención Primaria en Ceuta y Melilla

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes esta inversión que en su totalidad es de 172,4 millones de euros

El Consejo de Ministros de España ha aprobado, en su reunión de este martes, destinar 638.000 euros a Ceuta y Melilla, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), para reforzar la Atención Primaria.

Según indican desde la institución nacional mediante un comunicado de prensa, la inversión total aprobada para distribuir los créditos presupuestarios correspondientes al ejercicio 2025, es por un total de 172,4 millones de euros, destinados al desarrollo del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria.

Asimismo, señalan que la propuesta será sometida posteriormente a la aprobación definitiva del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Los fondos, que se reparten entre todas las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, tienen como objetivo consolidar el desarrollo del Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 (PAPyC 25-27).

Un plan que “constituye la hoja de ruta estatal para fortalecer el primer nivel asistencial, asegurando su calidad, equidad y sostenibilidad”, apuntan desde el Ejecutivo nacional.

Objetivos prioritarios

La dotación presupuestaria llevada a cabo por parte del Gobierno nacional “busca impulsar la mejora de los servicios de Atención Primaria mediante distintas líneas de acción”, explican.

Entre estas líneas de actuación están:

  • La ampliación de los procedimientos diagnósticos accesibles desde Atención Primaria, con el fin de mejorar la capacidad resolutiva en este nivel asistencial.
  • La optimización de procesos administrativos, reduciendo la carga burocrática que enfrenta el personal sanitario.
  • El impulso de soluciones de inteligencia artificial orientadas a la transcripción conversacional en consulta, facilitando la labor clínica.
  • La renovación de infraestructuras y equipamiento clínico, modernizando los centros de salud y dotándolos de los medios necesarios.
  • El fomento de las Escuelas de Salud para la Ciudadanía y de programas como el de Paciente Experto/a y Persona Cuidadora Experta, que fortalecen el autocuidado y la participación comunitaria.
  • La implementación de programas de detección temprana de violencia de género en el ámbito de Atención Primaria.
  • La interoperabilidad de las historias de salud digitales, integrando la información entre Atención Primaria, Hospitalaria y Sociosanitaria.
  • El fomento de proyectos orientados a garantizar el acceso al Sistema Nacional de Salud y la continuidad asistencial, para personas en situación de sinhogarismo con alteraciones o descompensaciones en su estado de salud, priorizando aquellas actuaciones que aborden la necesidad de un recurso habitacional como un determinante clave de la salud.
  • La vinculación con herramientas de recomendación de activos para la salud y recursos comunitarios desde la Historia de Salud Digital.

Criterios y condicionantes del reparto

El 50% del crédito se reparte directamente a todas las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en función de la población protegida, la superficie, la dispersión y la insularidad.

El otro 50%, que seguirá los mismos criterios, se reserva para las comunidades que se comprometan a cumplir, antes del 31 de diciembre de 2025, los siguientes requisitos estratégicos:

  1. La publicación de una nueva oferta de empleo público que incluya todas las categorías de Atención Primaria, contribuyendo a la estabilidad del personal sanitario.
  2. La implantación de medidas para garantizar la cobertura de puestos de difícil cobertura, alineadas con lo acordado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
  3. El nombramiento prioritario de enfermeras especialistas, promoviendo su incorporación efectiva al sistema sanitario y reforzando su papel en la atención integral.
  4. Las acciones para garantizar la estabilidad del 100% de las unidades docentes acreditadas, asegurando la calidad de la formación de nuevos profesionales.

Para finalizar el comunicado de prensa informan que “las autonomías que no acrediten documentalmente el cumplimiento íntegro de estos compromisos no podrán acceder al tramo condicionado de los presupuestos en el año 2026, en caso de existir crédito disponible”.

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